Admite un recurso de los afectados que piden que se anule la concesión por una declaración ambiental incompleta.
El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) se ha opuesto históricamente a la apertura de la mina por sus efectos sobre el medio ambiente.
El Tribunal Supremo, por acuerdo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la Coordinadora de Municipios Afectados por la Mina de Borobia contra el fallo que dictó el 15 de marzo de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la concesión de la explotación de seis cuadrículas en el municipio soriano.
En el auto, con fecha de octubre de 2017, los ocho magistrados, reconocen el «interés» de la cuestión planteada por los 24 pueblos que conforman la entidad, de los cuales la gran mayoría son de la Comunidad de Calatayud, colindante con el territorio soriano donde se ubicaría la explotación minera.
Esta acción judicial tiene su origen en el fallo del TSJ castellanoleonés, que desestimó los recursos de los ayuntamientos porque si bien acompañaron sus recursos por el acuerdo plenario o el decreto del alcalde, no constaba el dictamen jurídico previo del secretario o de la asesoría jurídica.
Según detalla el abogado de la coordinadora, el letrado especializado en Derecho Ambiental José Manuel Marraco, la decisión del Alto Tribunal implica que el asunto tendría que reenviarse al TSJ para que este admitiera el recurso y entrara a decidir «sobre el fondo del mismo». En este sentido, Marraco recuerda que la Coordinadora pedía la anulación de la concesión (a Magnesitas y Dolomías de Borobia) por entender que el estudio de impacto ambiental «está mal redactado». Asimismo, subraya que, a su juicio, dicha evaluación fue «muy somera» y que «no se tuvieron en cuenta todas las circunstancias, pormenores y consecuencias que rodean a una mina de ese calibre». Asimismo, insiste en que el objetivo es que se dé la «nulidad» de la concesión porque la declaración de impacto ambiental «es a todas luces insuficiente».
Acerca del posible calendario que puede seguir la causa, Marraco, que trabaja también para Greenpeace desde hace más de 25 años, reconoce que «el problema es que las cuestiones ambientales van con demasiada lentitud». A su vez, insiste en que esta instalación «es potencialmente peligrosa para el medioambiente y para los pueblos que están debajo».
Distinta suerte ha corrido el recurso de casación que interpuso el Gobierno de Aragón contra la misma sentencia del Tribunal Supremo de Castilla y León. Así, la misma sección del Supremo, con fecha de 2 de noviembre, declara su inadmisión ya que «carece manifiestamente de interés casacional».
Como consecuencia, el Alto Tribunal, como explica en su auto, impone al Ejecutivo autonómico el pago de las costas procesales, en concreto un máximo de 1.000 euros a la Junta de Castilla y León, 500 a la empresa Magnesitas y Dolomitas de Borobia y la misma cantidad para el Ayuntamiento de Borobia y la Asociación Movimiento Ciudadano Trabajo para Borobia.
(Fuente: modificado Jorge Zorraquín https://heraldo.es/noticias/aragon/comarcas/2018/01/18/el-rechazo-los-municipios-mina-borobia-llega-tribunal-supremo-1219688-304.html )
