El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se opone la explotación minera por las fuertes afecciones medioambientales que puede causar.
El alcalde de Borobia lamenta que el bloqueo judicial no permita crear empleos.
La Coordinadora de Municipios Afectados por la Mina de Borobia y la Diputación General de Aragón han decidido presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el fallo del Tribunal de Justicia de Castilla y León que autoriza la explotación de seis cuadrículas de la mina de magnesitas de Borobia. El Tribunal Supremo deberá en primer lugar decidir si admite a trámite el recurso, para posteriormente dictaminar sobre esta sentencia, que da luz verde a la explotación de magnesitas en la localidad de Borobia. Los recurrentes vuelven a insistir en que “la evaluación de impacto ambiental está incompleta”, según apunta Ricardo Martínez ecomo responsable de la Plataforma en Defensa del agua y la Tierra.
Un recurso que hará que la empresa minera no materialice la promesa de construir una factoría en la localidad soriana, ya que no se comprometerá económicamente hasta que no queden litigios judiciales pendientes, aunque prosigue con la extracción del mineral.
Los grupos contrarios a la mina de Borobia también denunciaron “vertidos al río Manules, al parecer tras la rotura de una balsa de tierra, incumpliendo la obligación de realizarlas en hormigón”.
Mientras tanto, el alcalde del municipio, José Javier Gómez Pardo, considera “un sinsentido la continua judicialización que lleva a cabo la Comunidad vecina de Aragón contra cualquier avance en la mina de magnesitas”. La Diputación General de Aragón y 12 pueblos han recurrido al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que autoriza la extracción en seis cuatrículas.
“Más de 50 puestos de trabajo están pendientes de crearse en Borobia por parte de la empresa que explota la mina de magnesitas, a la espera de que se acabe un proceso judicial que se prolonga en el tiempo y que encabeza el gobierno regional de la DGA”. El alcalde Gómez Pardo considera “que la empresa no invertirá hasta no tener seguridad jurídica”.
Incluso ha intentado tender puentes con las instituciones vecinas de Aragón para que paren esta dinámica que impide la creación de puestos de trabajo con el aprovechamiento de los recursos naturales de esta comarca tradicionalmente minera. Insiste el máximo responsable municipal que “el magnesio no contamina, que todas las medidas mediambientales se están tomando y que es una oposición radical sin sentido”.
(Fuente: ISABEL G. VILLARROEL. https://cadenaser.com/emisora/2017/06/08/ser_soria/1496898589_346636.html)
