Castilla, 14 de febrero de 2026. Desde el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) hacemos un llamamiento a todos nuestros afiliados y simpatizantes, que hacemos extensivo a la ciudadanía, a participar el próximo 21 de febrero en la manifestación convocada en Valladolid por la Coordinadora de Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León. Además, animamos a adherirse a su manifiesto, que compartimos plenamente.
La sanidad pública en Castilla y León atraviesa un deterioro grave y sostenido. No es una percepción aislada ni una exageración interesada: es una realidad que miles de ciudadanos experimentan cada día cuando intentan pedir cita, cuando esperan una prueba diagnóstica o cuando ven cómo su consultorio rural cierra sin fecha clara de reapertura.
Durante años se han sucedido las promesas. Mientras tanto, los recortes presupuestarios y una gestión errática han ido debilitando la estructura sanitaria. Las listas de espera crecen. Conseguir una cita en Atención Primaria se convierte en una carrera de obstáculos. Las plantillas están bajo mínimos. Y, ante cada déficit estructural, la respuesta de la Junta vuelve a repetirse: derivaciones y conciertos con la privada en lugar de un refuerzo decidido de lo público.
No hablamos de estadísticas frías. Hablamos de personas que esperan con angustia un diagnóstico. De mayores que deben desplazarse decenas de kilómetros para una consulta. De familias que ven cómo desaparecen especialidades en su hospital comarcal. En una comunidad dispersa y envejecida como la nuestra, debilitar la sanidad pública no es un simple error de gestión: es una irresponsabilidad.
La Atención Primaria, que debería ser el eje vertebrador del sistema, está siendo asfixiada. Es la puerta de entrada, el espacio de prevención, el lugar donde se detectan y acompañan las enfermedades crónicas. Sin embargo, se la infradota y se la sobrecarga. Cuando falla, todo el sistema se resiente. Y ese deterioro termina justificando nuevas derivaciones a empresas privadas que prosperan a costa de la precariedad de lo público.
Es legítimo preguntarse si estamos ante una simple mala gestión o ante una estrategia de fondo. Porque cuando lo público se debilita de forma persistente, lo privado ocupa su lugar. Convertir la sanidad en mercancía, someterla a la lógica del beneficio, es el horizonte que proponen las derechas reaccionarias. Y Castilla y León no puede permitirse ese camino.
Desde el Partido Castellano-Tierra Comunera tenemos muy claro que defender la sanidad pública es defender la cohesión territorial. Sin hospitales comarcales fuertes, sin centros de salud bien dotados, sin especialistas en todas las provincias, la despoblación se acelera. Nadie se queda a vivir donde no se garantizan derechos esenciales.
Por eso apoyamos las medidas concretas que propone el manifiesto de la Coordinadora de Plataformas: aumentar la financiación hasta equipararnos al gasto medio europeo; destinar al menos un 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria; contratar más personal y mejorar sus condiciones laborales; profesionalizar la gestión con criterios de transparencia y rendición de cuentas; frenar las privatizaciones y recuperar la gestión directa allí donde se ha externalizado.
La gestión también debe cambiar. Necesitamos una administración profesionalizada, orientada a las necesidades de la población y sometida a criterios estrictos de transparencia y rendición de cuentas. Las listas de espera deben gestionarse con claridad, ofreciendo información real sobre tiempos y demoras, incluyendo las revisiones por especialistas. La opacidad solo alimenta la desconfianza.
Es igualmente necesario frenar las privatizaciones y limitar las externalizaciones a situaciones verdaderamente excepcionales y transitorias. La sanidad pública debe protegerse con más inversión y recursos propios. Allí donde se ha externalizado la gestión de hospitales o servicios estratégicos, debe evaluarse seriamente la recuperación de la gestión directa. Lo público no puede depender estructuralmente de empresas cuyo objetivo es el beneficio.
La salud, además, no se limita a consultas y quirófanos. Depende del entorno en el que vivimos. La protección del territorio y la defensa de la salud son inseparables. Proyectos que deterioran el medio ambiente, que afectan al agua o al aire, acaban impactando directamente en la calidad de vida y en la incidencia de enfermedades. Gobernar con responsabilidad exige aplicar el principio de precaución y basar las políticas públicas en la evidencia científica.
Las carencias se repiten en todo el territorio: falta de especialistas, unidades pendientes de dotación completa, centros de salud prometidos y no construidos, consultorios cerrados, transporte sanitario insuficiente en zonas alejadas. No son hechos aislados. Son síntomas de un problema estructural que requiere decisiones firmes y sostenidas en el tiempo.
La pandemia puso a prueba el sistema y evidenció tanto sus debilidades como la entrega ejemplar de sus profesionales. Aplausos hubo muchos. Reformas profundas, pocas. Hoy la sensación mayoritaria es que la sanidad pública no ha salido fortalecida. Y esa percepción no puede ignorarse.
Castilla y León necesita una sanidad fuerte, cercana y universal. Necesita centros de salud abiertos durante todo el año en el medio rural, hospitales comarcales con servicios completos, plantillas estables y motivadas, listas de espera reducidas con medios propios y una atención sociosanitaria que garantice dignidad a las personas mayores y vulnerables.
Desde el PCAS-TC lo afirmamos con rotundidad: no hay proyecto de comunidad sin servicios públicos sólidos. No hay igualdad real si el acceso a la atención sanitaria depende del código postal. Y no hay dignidad colectiva si aceptamos que la enfermedad se convierta en negocio.
La sanidad pública no es un gasto prescindible. Es una inversión en vida, en cohesión y en futuro. Defenderla es defender nuestra tierra y a nuestra gente. Y en esa tarea no vamos a dar un paso atrás.
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