Castilla, 20 de febrero de 2026. Desde el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) hemos presentado ante la Fiscalía de Castilla y León una denuncia por negligencia grave por parte de la Administración autonómica en la gestión, prevención y extinción de los incendios forestales producidos en el verano de 2025, hechos que podrían derivar en responsabilidad penal para funcionarios, altos cargos o autoridades de la Junta.
En el marco del Código Penal, estos hechos pueden imputarse a través de diversas figuras delictivas, principalmente centradas en la omisión del deber de socorro, la prevaricación administrativa y los delitos contra el medio ambiente.
Los incendios forestales del verano de 2025 fueron devastadores, con más de 120.000 hectáreas arrasadas. Se confirmaron cinco fallecidos —incluidos voluntarios y un bombero— y se produjeron evacuaciones masivas en el oeste de León y Zamora, con daños severos al patrimonio natural y amenazas a espacios de extraordinario valor ambiental, paisajístico y patrimonial, como Las Médulas.
Los principales daños e impactos pueden resumirse en:
Impacto humano y social. Cinco víctimas mortales (dos voluntarios de desbroce en Zamora, un bombero en León y otras dos personas por consecuencias directas del fuego). Se produjeron desalojos preventivos en numerosos municipios, con miles de evacuados.
Destrucción medioambiental. Casi 150.000 hectáreas forestales calcinadas —siete veces más que la media de la última década—, afectando gravemente a la biodiversidad y a los hábitats naturales, con alto riesgo de erosión, pérdida de nutrientes y suelo fértil, así como contaminación de las aguas por cenizas.
Daños al patrimonio. Incendios activos en zonas de alto valor ecológico y cultural, como la Sierra de la Culebra y el Monumento Natural de Las Médulas (León).
Impacto económico. Destrucción de la economía local basada en la apicultura, la recolección de setas, el turismo rural, la explotación maderera, la ganadería y los cultivos, dificultando el desarrollo rural y aumentando el riesgo de despoblación.
Los incendios mostraron un comportamiento extremo —incendios de sexta generación—, con alta velocidad e intensidad, lo que dificultó gravemente las labores de extinción por parte de los medios terrestres y aéreos.
Consideramos, en nuestra denuncia contra la Junta, que la gestión realizada por los responsables políticos del Gobierno fue negligente, poco profesional e irresponsable ante situaciones críticas, adoptando actitudes y decisiones que contribuyeron a aumentar los riesgos y los efectos devastadores de los siniestros.
La Junta, pese a los destructivos incendios de 2022 —que constituyeron un aviso previo—, evitó la actualización del Decreto Infocal, normativa básica para la prevención y extinción de incendios. Su reforma fue exigida por el Procurador del Común en 2018 y no se aprobó hasta 2025, 11 años después de la obligación inicial. Este retraso irresponsable dejó desprotegidos a numerosos municipios con riesgos forestales, comprometiendo la seguridad de las personas y de sus bienes.
A nuestro juicio, la gestión forestal de la Junta ha sido penalmente responsable de la intensidad de los daños provocados y de la gravedad de los incendios. Existe una creciente privatización encubierta del servicio público de prevención y extinción de incendios mediante contratos fragmentados con empresas privadas, generando necesidades artificiales para la obtención de beneficios económicos y recurriendo a organismos como Somacyl o la Fundación Patrimonio Natural para eludir las normativas y criterios que debe cumplir la Administración pública.
Esta gestión se ha basado en bajos salarios, desmotivación del personal, falta de formación periódica, discontinuidad del servicio, contratos fijos-discontinuos o temporales y plantillas sin cubrir —en algunos casos al 50% de sus efectivos—, además del abandono de la prevención, lo que ha generado riesgos que motivaron protestas continuadas de los trabajadores.
Asimismo, la Junta de Castilla y León, ante la crisis derivada de la mala calidad del aire provocada por los incendios, no estableció un protocolo de recomendaciones para proteger la salud de la población ni implementó un plan de control de la contaminación, pese a los riesgos evidentes derivados del humo y de las partículas en suspensión.
Todas estas evidencias justifican nuestra obligación de trasladar estos hechos, presuntamente constitutivos de delito, a la Fiscalía de Castilla y León, en cumplimiento de nuestro deber de defender a la ciudadanía y al medio ambiente. Consideramos responsables directos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ambos del Partido Popular.
Existen indicios fundados de que los responsables de la Junta no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno. A pesar de la gravedad de los incendios en la Sierra de la Culebra en 2022, no se adoptaron medidas preventivas ante la probable repetición de estos sucesos y se ignoraron gravemente los estudios sobre eventos extremos y el papel que el cambio climático está teniendo en la intensidad y extensión de los incendios forestales.
Por todo ello, consideramos que los principales delitos imputables, conforme al Código Penal, son el de incendio forestal por imprudencia grave, la prevaricación administrativa, la negligencia administrativa grave con resultado de muerte y los delitos contra el medio ambiente.
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