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PCAS-TC pide públicamente explicaciones a Feijóo, Mañueco y Ayala sobre los “chanchullos” de Borja Suárez con instituciones gobernadas por el PP

Castilla, 13 de marzo de 2026. Desde el Partido Castellano – Tierra Comunera (PCAS-TC) exigimos
públicamente explicaciones inmediatas al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por la concesión de al menos una subvención pública de 100.000 euros a empresas vinculadas a Borja Suárez Pedrosa, presidente de la Diputación Provincial de Burgos y concejal del Ayuntamiento de Burgos. Resulta especialmente grave que estas mismas empresas hayan resultado receptoras de contratos públicos del propio Ayuntamiento de Burgos en numerosas ocasiones, generando un escenario que, a juicio de la formación castellanista, apunta directamente a un posible conflicto de intereses y a una grave falta de control político por parte de la Junta y del Partido Popular en Castilla y León.

Por ello, desde el Partido Castellano–Tierra Comunera exigimos también explicaciones al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, por la falta de control político sobre estas prácticas.

Desde el PARTIDO CASTELLANO–TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) reiteramos la petición de dimisión inmediata de Borja Suárez de todos sus cargos públicos, tanto como concejal del Ayuntamiento de Burgos como presidente de la Diputación Provincial. Consideramos «éticamente insostenible y legalmente cuestionable» la permanencia en las instituciones de quien ha compatibilizado su cargo público con la propiedad de una empresa adjudicataria de contratos municipales y autonómicos.

Según las informaciones publicadas por eldiario.es, el Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado, entre 2023 y 2025, al menos 16 contratos a la mercantil Eventos El Espino S. L., de la cual Borja Suárez reconoce ostentar actualmente el 33 % de las acciones.

Estas adjudicaciones, destinadas mayoritariamente a servicios de catering para eventos institucionales como «Mujer e Industria» o «Burgos e Hidrógeno», suman al menos 21.904,12 euros en contratos públicos, procedentes de administraciones gobernadas por el Partido Popular.

El desglose de los contratos refleja adjudicaciones continuadas desde el cuarto trimestre de 2023, incluyendo múltiples servicios de catering institucional, desayunos oficiales y actos organizados o financiados por el Ayuntamiento de Burgos y entidades vinculadas como ProBurgos, así como eventos institucionales relacionados con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Desde el PARTIDO CASTELLANO–TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) no solo solicitamos la salida inmediata de Suárez de la vida política, sino que reclamamos formalmente la devolución íntegra de las cantidades percibidas por su empresa a través de estas adjudicaciones. El dinero de los burgaleses no puede acabar en los bolsillos de los propios gestores públicos a través de sociedades interpuestas.

Además, entendemos que los contratos celebrados bajo estas circunstancias podrían ser declarados nulos de pleno derecho, lo que derivaría en responsabilidades administrativas y contables.

Calificamos de burla a la ciudadanía que Borja Suárez pretenda ampararse en su condición de concejal sin cartera para eludir su responsabilidad. Asimismo, denunciamos la alarmante falta de control en el consistorio burgalés, con la Alcaldesa Ayala a la cabeza, y en la sociedad pública ProBurgos, cuyo director ha alegado desconocer la vinculación del presidente de la Diputación con la empresa adjudicataria, a pesar de figurar esta participación en el registro de actividades y bienes del propio Ayuntamiento.

Estamos ante un caso de manual de conflicto de intereses y falta de ética pública que ensucia las instituciones burgalesas.

Por ello, desde el PARTIDO CASTELLANO–TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) exigimos también explicaciones al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, por la falta de control político sobre estas prácticas.

Instamos a la alcaldesa Cristina Ayala a actuar con contundencia y cesar a su compañero de filas si este no presenta su renuncia de forma voluntaria antes de que el escándalo siga deteriorando la imagen de la capital burgalesa y de toda la provincia.

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