La investigación se inició, en octubre de 2014, tras la denuncia del Partido Castellano (PCAS) ante la Fiscalía de Castilla y León de la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las empresas públicas de la Comunidad denominadas Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación, durante los ejercicios 2010 y 2011. La denuncia se amplió el pasado mes de diciembre a más ejercicios y en ella se apuntaba la posible comisión de delitos por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales, a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500% en el precio inicial de los terrenos.