Los alcaldes y concejales del PCAS consideran que esta exigencia va cada día ganando urgencia porque no es de recibo que cada mes cientos de pacientes segovianos deban desplazarse a Valladolid o a Madrid para ser tratados de dolencias graves y dolorosas en sí mismas. Además de la gravedad de las enfermedades y la dureza de sus tratamientos, los pacientes deben enfrentarse a las complicaciones de todo tipo que implica un desplazamiento lejano por carretera y a hacer frente a cuantiosos gastos que alteran la economía de las familias.
EL PARTIDO CASTELLANO (PCAS) no tiene duda de que la provincia de Segovia necesita con urgencia médica, administrativa y social esta Unidad de Oncología Radioterápica tanto por el número de enfermos aquejados por enfermedades relacionadas con el cáncer, como por las previsibles demanda de tratamiento que habrá en los próximos años en una comunidad tan envejecida como la castellana, por la dificultad de desplazamientos en una provincia sin buena red de comunicaciones como la nuestra y por la población total en datos estrictamente demográficos que tiene la provincia.
Los castellanistas consideran que en los propios estudios y previsiones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad publicados en 2013 considera que es necesario establecer en España al menos 250 Unidades de Oncología Radioterápica y que la ratio debería ser de una unidad por cada 175.000 habitantes. Y aunque la provincia de Segovia cuenta con unos 170.000 habitantes, sin duda el hecho de que la población demandante de este servicio va incrementarse considerablemente en los próximos años en una sociedad envejecida hace que Segovia necesite urgentemente una Unidad de Oncología Radioterápica. EL PCAS considera que los segovianos, personas y ciudadanos de un estado supuestamente igualitario, no acogerían de buen grado cualquier decisión política que privase a Segovia de este servicio tan necesario en un área tan básica de nuestra existencia. Ni la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ni el Estado Español pueden darse el lujo de discriminar a los castellanos y segovianos en esta reivindicación que exige nuestro futuro. Cualquier negativa se interpretaría como una imposición hecha a la fuerza y si todos pagamos impuestos todos debemos beneficiarnos igualmente de las inversiones del Estado.
