A juicio de los castellanistas, “la situación vivida es muy grave, por el riesgo que supone para los turistas estar alojados en un establecimiento, con un seguro que, probablemente, no cubra ninguna incidencia, al tratarse de un alojamiento al margen de la Ley. También por la competencia desleal que supone para un sector en crisis. Sin embargo la Junta no ha velado ni por la seguridad de los visitantes, ni por la calidad de los establecimientos, ni por la recaudación de impuestos, como es su obligación…ni porque se cumpla su propia norma.
Por ello desde la formación castellanista se solicita a la Junta, “que los establecimientos que no se han adaptado a la nueva Ley dejen de aparecer en las guías oficiales, abandonen su condición de alojamientos turísticos, y se sancione a aquellos que persistan en la ilegalidad. Siendo estas fechas de Semana Santa una fecha idónea para realizar estos controles”.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) también se pide a la Junta de Castilla y León, “que se realice una labor de inspección, en colaboración con la Agencia Tributaria para detectar aquellos negocios que no están dados de alta como actividad económica o empresarios que no pagan a la seguridad social; las habitaciones y casas alquiladas por temporadas sin control de la administración. “La implicación de la Junta en atajar esta serie de irregularidades es mínima, explicitando una desidia absoluta, la provincia de Burgos sólo dispone de un inspector para todos los establecimientos hoteleros de la provincia: hoteles, hostales, turismo rural, camping, etc., lo que convierte, de hecho, imposible el control. Da la sensación de que los ilegales cuentan con la connivencia de la autoridad competente”.
El pasado 21 de diciembre de 2015, después de una prórroga de diez meses ya que la fecha límite inicial era en Marzo, finalizó el plazo dado por la Junta de Castilla y León para que los establecimientos de turismo rural se adaptasen a la nueva regulación del sector.
Tras este importante plazo aún hay, en Castilla y León, cerca de un 15% de establecimientos (en Burgos casi el 25%), que no se han regularizado, esto a juicio del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) “significa que la Junta no vela por el cumplimiento de su propia legislación, permitiendo que los propietarios de estos establecimientos, ni les preocupe su situación legal, ni muestren ningún interés por mantener unos estándares mínimos de calidad, además, incurriendo en competencia desleal con el resto de establecimientos, quedando en una clara ilegalidad con las graves consecuencias que este hecho puede tener, sobre todo para los turistas”.
“Los ilegales eluden pagar impuestos, dañan la imagen del sector, crean una actividad fraudulenta, se convierten en una agresiva competencia desleal, y no ayudan en nada ni a crear empleo, ni a fijar población, en el medio rural”
