Los castellanistas burgaleses opinan que esta opción es cara e irracional y optan por rehabilitar el edificio actual compatibilizando su uso como Residencia Pública de la Tercera Edad, como sede de determinadas dependencias administrativas de las instituciones Públicas y con un determinado aprovechamiento terciario. «Ante la ausencia de ideas se pide su derribo, mientras las administraciones gastan importantes cantidades en el alquiler de dependencias para oficinas y escasean las plazas públicas en residencias para la tercera edad». La rehabilitación del edificio actual, según el PCAS-Burgos es una opción racional desde el punto de vista económico (el acondicionamiento para usos terciarios y administrativos es relativamente barata, costando un 15% del total de lo que supondría la demolición más las nuevas edificaciones), desde el punto de vista ambiental (no se generan residuos y se deben utilizar nuevas materias primas) y desde el punto de vista social (se pone el edificio al servicio de los burgaleses en un plazo de meses inferior a un año). El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) propone:
- Las zonas verdes de la parcela serían espacios públicos de libre uso por la ciudadanía.
- El 40% del actual espacio construido (unos 20.000 m2) se destinaría a atención a la Tercera Edad, como Residencia Pública de Mayores (50%) y Apartamentos tutelados para Mayores válidos (50%) beneficiándose de los servicios ofrecidos por la Residencia (lavandería, comedor, espacio social, asistencia médica y de enfermería, rehabilitación, etc…); algo razonable por la creciente demanda de plazas en las residencias públicas de mayores y la tendencia demográfica al envejecimiento que experimenta la población.
- El 40% de la superficie sería sede de las diferentes administraciones (Gobierno Central, Junta Castilla y León, Ayuntamiento, etc…) que hoy cuentan con numerosas dependencias en locales alquilados diseminadas por toda la ciudad.
- El 20% de la superficie actual (Planta Baja, Primera Planta y parte de los Sótanos), se destinaría a Usos Terciarios de carácter comercial privado, con cuya enajenación se podrían obtener en torno a 10 millones de euros, cantidad que se destinaría a la rehabilitación del conjunto del edificio.
El aprovechamiento urbanístico le corresponde a la Tesorería, y en el PGOU se prevé la construcción de cuatro torres, con nueve alturas y 104 viviendas. Mientras, el Ayuntamiento recibirá los espacios verdes y de equipamiento, cuya “vocación” “según el equipo de gobierno- será una dotación social.
El candidato a la alcaldía por el PARTIDPO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) ha iniciado una campaña en Change.org pidiendo la suspensión de la demolición, que ha recabado ya cerca de 300 apoyos.
