El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ha exigido al Ayuntamiento de Cobisa que explica de una vez qué ha ocurrido con los contratos de los jardineros municipales (contratados por el Ayuntamiento como autónomos, algo contrario a la legislación), y que tras un expediente de la Inspección de Trabajo han tenido que ser contratados de manera directa por el Ayuntamiento, que a su vez se enfrenta a una sanción en torno a los 20.000€ por las irregularidades cometidas. Los hechos, ocurridos a finales del pasado verano, no han merecido todavía la más mínima explicación pública por parte del Alcalde o del equipo de gobierno municipal, que sin embrago si tienen tiempo para «hacerse fotos» en las ya privatizadas Pistas y Escuela de Padel, en la también privatizada Escuela de Idiomas o en la re-privatizada Escuela Infantil, con visita «secreta» de la «cercana» Presidenta Cospedal incluida.
Para los castellanistas, la irregularidad cometida por el Ayuntamiento de Cobisa con los contratos de trabajadores autónomos directamente por el consistorio es doblemente grave, pues no sólo debía ser conocido por los responsables municipales la ilegalidad de esta actuación, sino que el propio Alcalde cobisano es Grado en Gestión y Administración Pública, por lo que debería tener especial conocimiento de cómo debe gestionarse una administración local.
Además, el silencio que sobre este asunto «ha echado» el equipo de gobierno municipal, así como la posibilidad de que la Inspección de Trabajo lleve adelante la sanción de unos 20.000€, supone una falta total y absoluta de transparencia y una grave consecuencia para las arcas municipales, que tienen pendiente la devolución de un préstamo de 1,2 Millones de euros del Plan de Pago a Proveedores, por una deuda que seguimos sin saber a qué anualidades corresponde, cómo se ha generado o si se han cobrado los casi 900.000€ pendientes de cobro por convenios y subvenciones de la Junta de Comunidades y de la Diputación, que permitirían aliviar las arcas de un municipio que ha visto incrementarse los impuestos como el IBI en casi un 100% en los últimos tres años. Esta información, pese a haber sido solicitada en varias ocasiones por el PCAS, nunca ha sido suministrada por el Ayuntamiento, en una nueva muestra de oscurantismo y falta absoluta de transparencia.
Si finalmente el Ayuntamiento debe pagar los 20.000€ de sanción de la Inspección de Trabajo, alguien deberá responder y asumir la responsabilidad política de estos hechos.
