Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha están claramente «conchavados» en el asunto de CCM, tratando de ocultar las irregularidades allí cometidas y que han costado a los ciudadanos nada menos que 9.000 millones de euros en ayudas e inyecciones del FROB. No hay que olvidar que, pese a que el Juez Ruz ha imputado penalmente sólo al ex-Presidente y al ex-Director General de la Caja, altos cargos de PP y PSOE pertenecían tanto al Consejo de Administración como a los diferentes órganos de control de CCM, cuya Comisión de Buen Gobierno, sin ir más lejos, estaba presidida por Arturo García-Tizón, Diputado, Presidente de la Diputación de Toledo, Concejal y Presidente Provincial del PP de Toledo.
Ante estos hechos, y ante la negativa por parte del PSOE hasta el año 2011 y del PP desde ese momento hasta ahora, de crear una Comisión de Investigación en las Cortes de Castilla-La Mancha que dilucide la verdad sobre lo ocurrido en CCM, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ha decidido trasladar los hechos al Parlamento Europeo para que sea allí donde se investigue el hundimiento de CCM.
Si bien ahora el Consejero de Administraciones Públicas y Presidencia de la Junta de CLM insiste en recordar que el PSOE no quiso crear una Comisión de Investigación cuando Cospedal lo reclamó entre 2009 y 2011, olvida el Sr. Esteban que ahora es su partido, el PP, quien tiene mayoría absoluta en las Cortes autonómicas y quien se ha negado en varias ocasiones a crear esta Comisión, reclamada por el PCAS y obviada una y otra vez por el PP. «Es de un cinismo descomunal recordar que el PSOE no quiso una Comisión que ahora es el PP quien no quiere crear y, esto demuestra que son ambos partidos quienes quieren tapar y ocultar todo lo que ocurrió con CCM, con su Obra Social, con su Corporación y con sus millones de euros desaparecidos».
Cabe recordar que los intentos de crear en las Cortes de Castilla-La Mancha una Comisión de Investigación sobre Caja Castilla-La Mancha, han sido bloqueados por el PSOE cuando este gobernaba y posteriormente por el PP (que prometió llevar a cabo dicha investigación cuando estaba en la oposición) cuando llegó al Gobierno autonómico, lo que hace entrever a los ciudadanos que el cruce de intereses político-económicos en CCM afecta a ambos partidos por igual. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ha reclamado insistentemente a ambos partidos que cumplan sus promesas de transparencia en este caso, pero nunca ha sido atendida esta petición por los intereses partidistas de PP y PSOE.
El Banco de España cifró en uno de sus informes periciales el desfase patrimonial de la caja en 267 millones de euros por operaciones claramente descritas por los expertos asignados por el supervisor. La Caja Castilla-La Mancha fue la primera entidad española en ser intervenida después de fracasar el intento de que Unicaja se hiciera con ella. La falta de acuerdo entre Braulio Medel, presidente de Unicaja y el Gobernador del Banco de España, sobre la cuantía necesaria para reflotar la entidad, llevó en marzo del 2009 al Consejo de Ministros a aprobar una inyección de capital con fondos públicos de 9.000 millones de euros. Con posterioridad se adjudicó la entidad en subasta a Cajastur, integrada actualmente en el grupo Liberbank. Su desaparición como entidad de referencia ha supuesto el cierre de decenas de sucursales y la desaparición de miles de puestos de trabajo, el desahucio de cientos de familias, la práctica desaparición de la Obra Social que alimentaba la cultura y los servicios sociales, y el cierre del grifo del crédito a miles de comerciantes, autónomos y pequeños empresarios.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se confía plenamente en la acción judicial del Parlamento Europeo sobre el Saqueo de las Cajas de Ahorros, ya que, «desde ámbitos europeos existe un creciente impulso para reclamar responsabilidades a los causantes del colapso de bancos y cajas de ahorros que tanto coste económico y social han causado», dejando la puerta abierta al procedimiento judicial en curso en la Audiencia Nacional, contra los responsables políticos, técnicos, institucionales y empresariales vinculados con la quiebra de las Cajas, pues «quienes han realizado este fraude y este despilfarro económico y social» contra Castilla-La Mancha no pueden quedar impunes, mientras el conjunto de la ciudadanía procedemos a pagar de nuestros precarios impuestos sus ansia de megalomanía y su codicia económica».
