Queremos hacernos eco desde el Partido Castellano de este excelente artículo de Juan Rivero, Secretario General del Partido de los Mayores y Autónomos, como compañero también en una formación extraparlamentaria, denunciando el abuso que supone el actual reglamento de avales que impide que partidos como los nuestros puedan acceder en igual de condiciones a ciertos procesos electorales, tales como las eleccinoes a Cortes Generales, quedando excluídos arbitrariamente del juego democrático.
España, durante la última dictadura, tuvo una democracia orgánica. Ahora tenemos una democracia “selectiva” con legisladores que aprueban las leyes que les beneficia.
Ahora se legisla en contra de la igualdad que propugna el artículo 1º de la Constitución. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” El fundamento y base de la democracia, un hombre = un voto ha quedado de uso exclusivo para los partidos parlamentarios. Porque así lo han decidido PP, PSOE, CiU y PNV con Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.
Con esta ley para los partidos extraparlamentarios la regla básica de la democracia se convierte en un hombre = un voto y 4.000 avales. Es una discriminación que atenta política y económicamente contra la pluralidad democrática. “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” afirma el artículo 14 de la Constitución española.
Unos sí y otros no. ¿Volvemos a la democracia orgánica olvidando que “son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”? (Constitución 68-5)
Atenta contra el secreto del voto. A los partidos extraparlamentarios se les exige avalistas que deben facilitar su nombre, los apellidos, la dirección, su número de DNI, su fecha de nacimiento, su firma y la condición de que el avalista debe figurar como elector en la circunscripción correspondiente. Esto no es legal. “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. (Constitución, 16 “ 2), y además, con esta norma se obliga al avalista a marcar su preferencia política en contra del artículo 20-2 cuando afirma que el “ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.”
Así se obliga al elector a marcar su preferencia política porque es evidente que nadie avalaría un partido para luego votar a otro. A estas alturas alguien se preguntará para qué sirve este aval o firma de apoyo y qué responsabilidad contrae el que avala a un partido político. Si no contrae ninguna responsabilidad ¿para qué sirve? Simple y llanamente para obstaculizar a los partidos extraparlamentarios el acceso democrático al poder.
Se conculca un derecho fundamental en beneficio de los partidos parlamentarios, -curiosamente los legisladores de la modificación del párrafo 3º del artículo 169 de esta Ley Electoral,- perjudicando a los ciudadanos afiliados a partidos extraparlamentarios aunque éstos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes (Constitución 23-2)
El Partido de los Mayores y Autónomos (PDMA) quiere una democracia participativa y no discriminatoria. No partició en las elecciones del 20 de noviembre porque concurrir, discrepando con el redactado de la ley y no acatando la modificación del mencionado párrafo 3º del artículo 169 por presunto fraude de ley, hubiera sido dar legitimidad a una norma con la que no estamos de acuerdo.
Juan Rivero
Secretario Genera
Partido de los Mayores y Autónomos
Esta ley fue denunciada por varios partidos por su ilegitimidad e inconstitucionalidad, con las correspondientes interposiciones de recursos legales. Evidentemente no consiguió abolirse antes de las pasadas elecciones generales pero esto no significa que desde formaciones como el Partido CAStellano o el Partido de los Mayores y Autónomos dejemos de protestar y denunciar este atropello a los derechos democráticos del pueblo español.
