Así mismo, solicitamos al Gobierno central la toma de una serie de medidas urgentes: como la reforma de la Ley contra la Morosidad de 2.004, haciendo que el límite de pago de 60 días, que es obligatorio para las Administraciones, pero no para entes privados, sea norma general. El retraso del pago del IVA en las facturas que no se hayan cobrado, o que sea el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el que adelante los pagos que deben las distintas administraciones.
El problema de la morosidad y la financiación vienen de tiempos pasados, pero la crisis ha puesto al borde de la quiebra a muchas empresas medianas y pequeñas (PIMES), por eso desde el Partido Castellano de Madrid trasladamos nuestra preocupación y la de los empresarios madrileños y castellanos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y le conminamos ha no esperar a la reforma que se prepara en Bruselas.
