Cuatro ayuntamientos de la Ribera serán los primeros en ejecutar proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. Se trata de los municipios de Valdeande, Villalbilla de Gumiel, Tubilla del Lago y Santa María del Mercadillo, que ya han adjudicado diferentes actuaciones de mejora de servicios públicos por valor de 95.000 euros. Estrenará el plan Valdeande, municipio integrado por cinco ediles castellanistas, dado que en los pasados comicios de 2007, TIERRA COMUNERA (TC) obtuvo 60 votos, frente a los 15 de la candidatura socialista que quedó sin representación.
Tal y como ha expuesto el alcalde castellanista, Juan Abel Abejón, integrado hoy en el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL), formación que agrupa además de a TIERRA COMUNERA (TC) a otros seis partidos regionalistas, provinciales e independientes de Castilla y León, la primera intervención que se realizará con cargo al Fondo Estatal consistirá en la reparación de un edificio municipal, cuyas obras comenzarán el 1 de marzo.
La Subdelegación del Gobierno dio ayer a conocer los últimos datos provinciales del fondo del Estado. En este contexto, Berta Tricio recordó que en Burgos ha presentado solicitudes el cien por cien de los municipios (317) con un total de 510 proyectos, 17 de ellos en la capital, por valor de 64.771.191 euros. Asimismo, destacó que más de la mitad de las propuestas pertenecen a ayuntamientos de menos de 200 habitantes. El número de empleos estimados asciende a 2.464.
En cuanto a la tipología de las actuaciones, Tricio comentó que casi la mitad (43,5%) está relacionada con la mejora de los servicios básicos, como renovación de la red de abastecimiento de agua o de alumbrado, seguida del acondicionamiento de espacios públicos, aunque ha sido esta última la que más financiación ha absorbido con 31 millones de euros frente a los 15,5 millones de la primera. A modo de ejemplo citó la reforma del paseo de Atapuerca, presentado con el Ayuntamiento de Burgos, o la urbanización de la Plaza Mayor de Aranda de Duero.
Para Tricio el desarrollo del plan estatal ha supuesto un antes y un después en las relaciones con los ayuntamientos, así como un reto para la Administración de cara a resolver las solicitudes en un breve plazo de tiempo. «El procedimiento llevado a cabo es una senda a recorrer por parte de las demás instituciones porque ha demostrado ser ágil y eficaz», afirmó.
Los ayuntamientos tienen un mes de plazo para licitar o contratar las obras una vez que los proyectos han sido autorizadas por el secretario de Estado de Cooperación Territorial. Realizada la adjudicación definitiva y remitidos los certificados correspondientes, el Ministerio de Administraciones Públicas librará el 70% del importe de la actuación. Tricio recordó que los ayuntamientos tienen que pagar en 30 días naturales después de la emisión de las certificaciones para cumplir con uno de los objetivos del plan, que es «aportar liquidez al sistema empresarial». La fecha límite para ejecutar las obras es el 31 de Diciembre.
