Para esta formación castellanista, la concesión de permiso de investigación como paso previo para la explotación de los yacimientos de uranio Pinares 1 (que afecta a los términos municipales de Anguita, Ciruelos del Pinar y Luzón); y Pinares 2 (que afecta a los términos municipales de Anquela del Ducado, Ciruelos del Pinar, Mazarete y Selas), supone el golpe mortal definitivo para una zona arrasada por el incendio de 2005 que acabo con 13.000 hectáreas de bosque, la vida de 11 personas, el futuro directo de 11 pueblos y los escasos recursos de una comarca entera, como es la de los pinares del Ducado.
Esta concesión, dada a la empresa Australiana Minera del Río Alagón, S.L., no responde más que a intereses mercantilistas derivados del incremento del precio del uranio. La prueba es que España dejo de explotar sus minas de uranio en 2001 y que el volver a plantear de nuevo su explotación es por el interés de empresas extranjeras debido el incremento de demanda y del coste de este mineral.
Esta situación que puede resultar aceptable para algunos desde un punto de vista de mercado, resulta inaceptable cuando lo que se pone encima de la mesa es la viabilidad de decenas de pueblos y el futuro de sus gentes.
Además, resulta inexplicable para los habitantes de la zona y de la opinión pública en general, que la cantidad de esfuerzos humanos, materiales y económicos invertidos con él Plan de Actuación Integral en la recuperación social, económica y medio-ambiental de la zona incendiada, se echen por tierra con un proyecto que destruirá de por vida medioambientalmente la comarca de los pinares del Ducado y no aportará ningún beneficio duradero mas allá de un puñado de puestos de trabajo y de cuatro duros para intentar calmar a la opinión pública local, todo ello durante los escasos años que dure la explotación.
La obligación del Sr. Barreda y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que preside, es defender los intereses de todos los habitantes de Castilla-La Mancha. Y no vale, como en el caso del trasvase Tajo-Segura, el respaldarse en competencias ajenas a la Junta. Los intereses de los ciudadanos se luchan con competencias o sin ellas, y si no se tienen se consiguen o se negocian. Por estos motivos, los castellanistas exigimos a la Junta de Castilla-La Mancha, a su presidente y al partido al que pertenece, el PSOE, que se posicionen públicamente en contra de este aberrante proyecto de explotación de las minas de uranio en los pueblos de la comarca de los pinares del Ducado.
Igualmente, exigimos al Estado, como responsable final de la decisión de explotación de estas minas a través de la empresa pública ENUSA, que rechace este proyecto.
TIERRA COMUNERA (TC) entiende que de llevarse a cabo esta explotación, el gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han estado engañando a los pueblos afectados por el incendio y a su comarca con falsas expectativas derivadas de un Plan Integral y de recuperación medioambiental cuyas inversiones y actuaciones se tirarían por tierra. Este dinero de las arcas públicas se habría utilizado para engañar a la opinión pública a sabiendas del futuro que se tenía destinado para esta zona.
En este sentido, los castellanistas también pedimos a Barreda y al PSOE, que expliquen públicamente la extraña situación que se produce con Rosario Arévalo Sánchez, consejera de Medio ambiente de Castilla-La Mancha durante el incendio de Guadalajara que dimitió de su cargo por el aluvión de críticas a su nefasta gestión del mismo y que, curiosamente, fue posteriormente nombrada como directiva de ENUSA, empresa pública que gestiona el proceso de concesión de las explotaciones de las minas de uranio.
