Los comuneros burgaleses estiman que el Convenio de Financiación del Desvío Ferroviario, votado favorablemente en Pleno por los grupos municipales del PSOE y del PP en el Ayuntamiento burgalés en 1998, está actuando como una losa que limita las posibilidades inversoras el consistorio burgalés. Así, el Ayuntamiento de Burgos ya ha costeado, además de la parte que le ha correspondido en los 19.000 millones de euros establecidos en el citado convenio, 100 millones de euros adicionales. TIERRA COMUNERA (TC) reclama que el Ayuntamiento burgalés no pague ni un solo euro más (el Consorcio que gestiona financieramente el Desvío reclama ahora casi 9 millones de euros adicionales al consistorio de Burgos), y que declare lesivo en pleno el citado convenio, ya que todos los sobrecostes actuales de esta infraestructura ferroviaria se deben a modificaciones del proyecto inicial achacables exclusivamente el Ministerio de Fomento, y no a la necesidad del desvío por parte de la sociedad burgalesa.
A juicio de TIERRA COMUNERA (TC) tanto Olivares como Aparicio han demostrado ser más serviles a las necesidades de sus partidos que a los ciudadanos de Burgos, defendiendo los intereses del Gobierno Central, cuando allí mandan sus respectivos partidos, por encima de lo que es justo para con la ciudad de Burgos. Los castellanistas reclaman a los máximos responsables del PP y del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos para que actúen al unísono frente al Ministerio de Fomento, defendiendo los intereses de la ciudad de Burgos, y rectificando un error que sus respectivos partidos llevan manteniendo durante diez años.
