La residencia de La Horcajada se condiciona a las normas urbanísticas
Las parcela donde está previsto desarrollar el proyecto se encuentra a más de 50 metros del casco urbano por lo que la Comisión Territorial de Urbanismo deniega la recalificación.
La falta de normas urbanísticas en la localidad de La Horcajada es el principal problema al que se tendrá que enfrentar el proyecto de residencia privada que fue anunciado hace un año en esta localidad. Desde entonces, y según se informó desde el Ayuntamiento, la iniciativa, que fue bien acogida en el municipio por la inversión económica y la posibilidad de crear más de 20 puestos de trabajo,
superó los trámites necesarios como fue su aprobación en el Pleno municipal, la Diputación Provincial y la Confederación Hidrográfica del Duero.
Sin embargo, el proyecto no ha podido superar el trámite de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, ya que según explicó el alcalde, José López García, «el tema se ha parado en la Comisión donde nos aconsejan que hagamos normas urbanísticas, lo que supone un retraso para la residencia hasta que podamos aprobar estas normas». En concreto, el regidor se refirió a que en el dictamen se asegura que una de las parcelas donde está previsto construir la residencia está «a 50 metros del casco urbano», por lo que para «recalificar» los terrenos de rústico a urbano, la Comisión pide que se aprueben las normas urbanísticas de la localidad.
De todas formas, el hecho de contar con normas urbanísticas sí que se encuentra dentro de los planes de futuro del Ayuntamiento de La Horcajada pero, según señaló el alcalde, se esperará a los meses de enero o febrero para comenzar los trámites, «para poder contar con una subvención». En ese momento se iniciará un proceso que se puede prolongar «dos o tres años», por lo que desde el Consistorio se teme «que a la empresa no le interese esperar» tanto tiempo.
El proyecto de la residencia privada, que pertenece a la empresa Promociones Onuma, fue presentado hace un año en la localidad, cuando la Alcaldía correspondía a Tierra Comunera, con Alejandro Olivar a la cabeza. Por este motivo, desde este grupo político se destacó la inversión privada considerada «importantísima para la zona, ya que rondaría los ocho millones de euros», además de suponer «la creación de plazas asistenciales» y favorecer «el asentamiento de población».
Por ello, en una nota remitida a Diario de Ávila, Tierra Comunera expone que los problemas técnicos argumentados por la Comisión de Urbanismo «para denegar el proyecto son fácilmente subsanables» si responde a a voluntad de la Junta y la Comisión para «llegar a algún acuerdo para solucionar esto de una manera legal y rápida». Además, considera que la solución dada de redactar normas urbanísticas
impediría llevar a cabo el proyecto porque «los inversores tienen ofertas para desarrollar el proyecto fuera de nuestra Comunidad Autónoma».
