Blog de Pedro Vicente en EL SEMANAL DIGITAL; 11 de octubre de 2007
Aprobados, uno tras otros, los nuevos Estatutos de Cataluña, Valencia, Andalucía, Aragón y Baleares, Castilla y León será la sexta y ultima Comunidad Autónoma que sacará adelante su reforma estatutaria en la Legislatura que concluye.
La retirada de la reforma canaria y el férreo consenso mantenido entre PP y PSOE, tanto en Valladolid como en Madrid, permitirán a Castilla y León disponer de un nuevo Estatuto, que, eso sí, no va a reportar a esta Comunidad ningún avance sustancial ni en competencias ni en financiación.
Ninguna de las fórmulas incluidas por catalanes, andaluces y baleares para garantizarse mayor aportación del Estado -financiación directa, inversión en infraestructuras o abono de «deuda histórica»- figura en el Estatuto de Castilla y León. Populares y socialistas han rehusado este tipo de planteamientos, limitándose a confiar en el principio de solidaridad interterritorial como garantía de su suficiencia financiera. En esta línea, el texto reseña la extensión territorial, la dispersión poblacional y el envejecimiento de la población como factores a tener en cuenta en el modelo de financiación autonómica pendiente de renegociar.
En cuanto a nuevas competencias, queda en el aire la participación de la Administración regional en la gestión del agua en la Cuenca del Duero. El traspaso de la Confederación Hidrográfica a la Comunidad Autónoma está descartado, una vez que, invocando el ámbito internacional del río, el gobierno central se aferra a la prioridad que le otorga el articulo 149 de la Constitución. Ello aboca a negociar alguna fórmula de cogestión similar a la que termine aplicándose en Andalucía respecto al Guadalquivir.
Implacable rodillo
Indefinida la financiación y sin ninguna otra competencia de nivel que reseñar, el nuevo Estatuto de Castilla y León mantendrá a esta Comunidad en el furgón de cola del Estado de las Autonomías. Los intentos de los partidos minoritarios por evitarlo se han visto laminados por el rodillo aplicado conjuntamente por PSOE y PP en la ponencia de la Comisión Constitucional, donde Ramón Jáuregui y Soraya Sáenz de Santamaría han sido implacables con las minorías.
De las 125 enmiendas presentadas el resto de los grupos, los mayoritarios sólo han admitido cuatro -ninguna de ellas de relieve- de las 80 presentadas por IU. No se reconoce por supuesto ninguna deuda histórica a compensar mediante el 15% de las inversiones del Estado, tal como pretendía la coalición de izquierdas, que casi con toda seguridad no respaldará la reforma.
Naturalmente, no se ha accedido a reconocer a Castilla y León como «nacionalidad histórica», cuestión defendida curiosamente por el diputado de la Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, que ha defendido sin éxito esa y otras 40 enmiendas presentadas todas ellas a instancias de Tierra Comunera, el partido nacionalista castellano.
Una Comunidad de segunda
El texto ha incorporado las 24 enmiendas conjuntas pactadas por socialistas y populares, ninguna de las cuales hace referencia al «hecho diferencial» leonés. Como se preveía, las mociones en tal sentido aprobadas por la mayoría que gobierna el ayuntamiento de León (PSOE y Unión del Pueblo Leonés) han sido completamente ignoradas por el Congreso de los Diputados.
Así las cosas, la próxima semana se producirá el placet de la Comisión Constitucional y a finales de este mismo mes de octubre el Pleno del Congreso los Diputados dará luz verde al nuevo Estatuto de Castilla y León.
Caso ciertamente insólito el de una Comunidad que aborda una reforma estatutaria perfectamente prescindible para aceptar de forma resignada su condición de Autonomía de segunda división, cada vez mas alejada de las llamadas «nacionalidades históricas» o de otras comunidades que, como Andalucía, Valencia, Baleares o Aragón, han aprovechado sus respectivas reformas para tratar de equiparar al alza sus cotas de autogobierno.
