Tierra Comunera pide un acuerdo político que partiendo de la actual realidad política e institucional posibilite el claro reconocimiento de Castilla como nacionalidad histórica y por tanto merecedora del pleno derecho a su autogobierno como pueblo, tanto en el contexto español como europeo. El reconocimiento de Castilla como una entidad nacional, en el marco de la España autonómica y de la Unión Europea, y la consecución de un autogobierno avanzado, son requisitos ineludibles y previos a la solución de la grave crisis económica y social que padece el pueblo castellano. Para ello Tierra Comunera propone: 1)La reforma de la Constitución Española en el sentido que permita el reconocimiento de Castilla como nacionalidad histórica en su totalidad, comprendiendo a las cinco actuales comunidades autónomas castellanas de Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja; este tratamiento le corresponde por sobradas razones históricas y su negación supone un agravio comparativo frente a las otras nacionalidades del Estado. Tierra Comunera realizará la consiguiente petición de reforma constitucional intentando integrar en este proceso, la voluntad de todos los pueblos de España actualmente marginados por la estructura asimétrica de la Constitución Española. 2)Reforma de los Estatutos de Autonomía de las comunidades castellanas, en el sentido de permitir la obtención de un pleno autogobierno de las actuales Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja, que nos dote de una estructura más cercana al pueblo, así como de unos presupuestos y unas competencias, que permitan articular políticas eficaces para solucionar los problemas reales del pueblo castellano. 3)Creación de un Consejo Inter-autonomico Castellano, que agrupe a las comunidades autónomas castellanas e inicie un proceso de fusión autonómica, mediante una progresiva integración de sus administraciones territoriales, conducente a la elaboración de un Estatuto Nacional de Castilla, marco institucional que, tras su aprobación en referéndum por el pueblo castellano, sería la base para la constitución del Parlamento Nacional Castellano y de sus órgano de gobierno.
