Tierra Comunera ha manifestado hoy su preocupación por la crisis que afecta nuevamente a la empresa Tyco (antigua Microser) al hacerse pública la suspensión de pagos de la empresa y estar en peligro los más de 300 puestos de trabajo que la empresa tiene en Boecillo. A juicio de esta formación, la Junta no está siendo transparente con la información que conoce ya que es probable que la suspensión de pagos estuviera prevista desde el cambio de dueños de la empresa y el cierre de la fábrica de Madrid hace sólo 9 meses.
Tierra Comunera recuerda que la Junta de Castilla y León favoreció la instalación de Microser hace años al permitir que la empresa se saltara varios criterios necesarios para su ubicación en el parque tecnológico de Boecillo. Posteriormente, Microser pudo haber recibido de la Junta en concepto de subvenciones casi 30 millones de euros, a través de varias líneas de ayuda y la subvención del suelo de la parcela dónde se instaló en Boecillo.
A pesar de estos favoritismos de la Junta hacia Microser, la empresa fue vendida y los nuevos dueños aprovecharon la primera oportunidad que la ley les permitía para realizar un expediente de regulación que redujo la plantilla en 10 trabajadores, con el consentimiento del gobierno regional. Tierra Comunera recuerda que Microser fue vendida a Tyco el primer día después de que expirara el plazo que les obligaba a mantener los empleos, lo que a juicio de esta formación, demuestra la incompetencia de la Junta para negociar cualquier asunto con una empresa multinacional.
Llegados a este punto, la empresa anuncia ahora una suspensión de pagos que hace peligrar su continuidad y el trabajo de más de 300 empleados. Tierra Comunera se pregunta qué es lo que va a hacer la Junta ahora para no permitir que se produzca esta situación. Desde esta formación se duda de la competencia del gobierno regional para afrontar esta crisis y se exige la comparecencia inmediata del consejero de economía Tomás Villanueva para que explique cómo se ha llegado a este punto y cuál es la responsabilidad de la Junta.
Por último, Tierra Comunera exige que se explique a los castellanos para qué han servido los 30 millones de subvenciones que la Junta regaló a Tyco.
