TC Madrid quiere denunciar la vorágine constructora en la que se encuentra las Comunidades castellanas de:
Madrid, que vera incrementada en los próximos años en un 50 por ciento su superficie urbanizable.
Los intereses especulativos en la recalificación de suelo en Morata de Tajuña, que han llevado a la ruptura del PSOE de Morata. El plan tiene previsto levantar 25.000 casas nuevas, convirtiendo una ciudad de 6.000 habitantes en una de 80.000. Esta zona, conocida por Balcón de Tajuña tenia previsto tuviera un uso terciario, ha pasando de la noche a la mañana a tener uso residencial.
CastillaLa Mancha, Toledo con la construcción de 1.300 viviendas en la Vega Baja de las 66.000 que tiene previsto el nuevo Plan de Ordenación Municipal, que pone en peligro los vestigios de la antigua capital visigoda, un hallazgo que no tiene precedentes en Castilla ni en Europa, donde el PP y PSOE están unidos para aprobar el plan que acabe con los restos de la ciudad visigoda, donde los dos partidos tratan de mantener su proyecto lo que supondría una perdida irreparable para la ciudad convirtiendo a Toledo en una ciudad-dormitorio así como las nefastas consecuencias ambientales del urbanismo sin control y un modelo de desarrollo urbano que se extiende por algunos municipios de Castilla.
Seseña el ayuntamiento de Seseña (entonces gobernado por el PSOE) pago 1,5 millones de más por un colector que se construyó en 2000, según establece una sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribuna Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dio en octubre de 2004 la razón a los vecinos y anulo el acuerdo del pleno que aprobó la obra. El Ayuntamiento ha recurrido al supremo. En mayo de 2003 con los votos del PSOE, se recalifican 1,8 millones de metros cuadrados para construir 13.508 viviendas favorecien- do al constructor que pago 1,5 millones de más.
Desde Tierra Comunera reiteramos la solicitud a los ejecutivos regionales de las comunidades autónomas castellanas de ( Castilla – La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Madrid y La Rioja), la autorización sólo de aquellos proyectos que tengan garantizados los recursos hídricos actuales y futuros y al presidente del Gobierno central medidas que impidan la especulación urbanística.
