El Juzgado de Instrucción número uno de Burgos ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias que seguía contra el alcalde de Ros, José Antonio Martínez, por presuntos delitos de prevaricación denunciados por Luis Aragón y veinticuatro personas más en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción. En concreto, la denuncia se presentó hace varios meses tras adquirir el alcalde una serie de casas en ruina.
Los denunciantes consideraban que el regidor de esta localidad del Valle de Santibáñez había comprado las viviendas bajo la realización de amenazas sesgadas a los propietarios y manifestando que los inmuebles iban a pasar a formar parte del inventario de la entidad local debido al lamentable estado en el que se encontraban.
La titular del Juzgado, tras indicar que es contradictorio el relato de los hechos que se hace constar en la denuncia, señala que de las diligencias practicadas, «no ha quedado acreditada la existencia de tales amenazas o coacciones», ya que todos los propietarios de las casas manifestaron que «las ventas fueron libremente consentidas, sin sufrir por parte del comprador ningún tipo de presión o amenaza que pudiera influir en su voluntad». En el auto judicial, además se recoge el testimonio de una de las vendedoras indicando que fue ella la que se puso en contacto con José Antonio Martínez.
«No aparece la comisión de prevaricación, fraude, negociación prohibida o abuso alguno por parte del imputado, toda vez que lo que resulta de las actuaciones es que Martínez adquirió a título particular los inmuebles, en régimen de gananciales con su esposa, adquisiciones pactadas libremente con sus titulares y sin que mediara amenaza o coacción alguna hacia éstos», señala el auto judicial.
Esta es la segunda sentencia favorable al alcalde, quien se ha mostrado muy satisfecho porque «la Justicia está demostrando que las denuncias no tenían ninguna base».
Artículo de Diario de Burgos.
