Acaba de cumplirse el XXIII Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en un momento clave en que, la práctica totalidad de comunidades del Estado se están posicionando para obtener una posición más favorable ante la reforma del Estado de las Autonomías. Desde TIERRA COMUNERA (TC) recordamos que fue Castilla y León, en 1983, el último territorio que se dotó de Estatuto de Autonomía, con un autogobierno recortado, carente de las competencias básicas que reclamaban sus ciudadanos para mejorar su calidad de vida, que no reconocía su carácter de Nacionalidad Histórica, que renunciaba a la existencia de un marco de cooperación con las demás comunidades autónomas castellanas, y que la situaba en condiciones de inferioridad respecto a las comunidades que accedieron a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución.
Hemos perdido casi 25 años, tiempo en el que otros han avanzado mucho. Sin embargo parece que nuestra clase política actual, monopolizada casi en exclusiva por el PP y el PSOE están más atentos en esta tierra, a la política estatal que a las verdaderas necesidades de sus ciudadanos. Herrera y Villalba prefieren seguir fielmente, como meros peones, las estrategias de enfrentamiento de Rajoy y Zapatero que defender los intereses de esta tierra castellana. Desgraciadamente PP y PSOE conciben el territorio de Castilla y León como un mero escenario más de su gran batalla por el control del Gobierno Central. Mientras, vascos, catalanes, andaluces, valencianos, gallegos y demás pueblos del Estado están diseñando nuevos textos estatutarios, repletos de privilegios y de prebendas, que al final acabaremos pagando quienes no sepan situarse apropiadamente en el nuevo escenario autonómico. Y no olvidemos que un nuevo Estatuto no es un documento legal más, sino que puede convertirse en un elemento clave para superar las numerosas amenazas que padecemos como la despoblación, el envejecimiento, la ausencia de empleos cualificados para la juventud, la crisis del medio rural, el freno a la implantación de una industria de transformación propia o la incapacidad de desarrollar alternativas endógenas de puesta en valor de nuestro patrimonio natural, cultural, histórico y artístico.
Para los castellanistas las claves del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, pasan por el reconocimiento de las singularidades específicas de esta Comunidad, por la asunción de un nuevo marco competencial, por negociar unos criterios de financiación que garanticen la calidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos, y por establecer un marco estable de cooperación entre las cinco comunidades autónomas de tronco común castellano, que garantice el reconocimiento de Castilla como una de las entidades constituyentes claves de España.
El nuevo texto estatutario debe reconocernos como nacionalidad histórica, y reclamar un nuevo modelo de financiación para Castilla y León que garantice una inversión pública del Estado en Castilla y León que iguale la situación de sus infraestructuras con la media del Estado, y que asuma los necesarios efectos correctores que la despoblación, el envejecimiento, la dispersión y el secular abandono provocan en la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Los comuneros recordamos también la necesidad de que el Nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, recoja la garantía de que el Estado Central saldará su deuda histórica con esta Comunidad, que tradicionalmente se ha comprometido hasta los tuétanos en el proyecto de construcción de la España de todos, pero que finalmente siempre ha sido la pagana de los privilegios de algunos.
