La Agrupación Provincial en Burgos de TIERRA COMUNERA (TC) denuncia que el nuevo proyecto para la Presa de Castrovido presentado recientemente por el Director General del Agua, Jaime Palop, implicará un recorte tan significativo de los recursos hídricos que puede embalsar, que frustrará totalmente las posibilidades de desarrollo en la Cuenca del Arlanza.
Para TIERRA COMUNERA (TC), dejar la cota efectiva del proyectado embalse de Castrovido en 1032 metros, significa limitar su capacidad de almacenamiento de agua a poco más de 40 hectómetros cúbicos, que en la realidad se verán aún más reducidos por los efectos de colmatación del vaso por sedimentos, fenómeno muy generalizado en las partes altas del curso de los ríos.
Esta formación comunera considera que los progresivos y significativos recortes en la capacidad de embalse de la presa de Castrovido, hacen muy difícil el cumplimiento de los objetivos iniciales de este embalse, al tiempo que en la práctica, suponen un fuerte condicionamiento a las posibilidades de desarrollo de la Comarca del Arlanza, cuya escasez de recursos hídricos se constituye en un factor limitante para su progreso agropecuario e industrial. Así, los castellanistas consideran que una capacidad de embalse 40 hectómetros cúbicos, es manifiestamente insuficiente para cubrir simultáneamente las necesidades de abastecimiento, los regadíos previstos, el caudal ecológico que demanda el Arlanza, y la prevención, siquiera parcial de las avenidas.
Los castellanistas critican los dos años perdidos por el Gobierno Central en las modificaciones del proyecto, los casi 40 hectómetros cúbicos de agua a embalsar que se pierden, y la aplicación de las inversiones presupuestadas para esta actuación hidráulica que no han sido empleadas durante los años 2004 y 2005, y que solo en parte podrán materializarse a lo largo del 2006. Igualmente, los comuneros burgaleses, consideran que las famosas medidas complementarias anunciadas constituyen un fraude, tanto por lo insignificante de su alcance técnico y económico, como por su manifiesta incapacidad para cooperar a los fines de abastecimiento, prevención de inundaciones o mejora ambiental.
Con esta decisión, a juicio de TIERRA COMUNERA (TC), el gobierno central actúa nuevamente frenando las inversiones en Burgos y en Castilla, limitando su capacidad de desarrollo, y reorientando los recursos presupuestados para esta provincia a otras comunidades.
