Una vez publicadas por el BOE del pasado 7 de Noviembre las indemnizaciones que recibirán cada uno de los familiares de las once víctimas del incendio que asoló la provincia de Guadalajara el pasado verano, desde TIERRA COMUNERA (TC) queremos mostrar nuestra más absoluta estupefacción por la cantidad tan cicatera destinada a estas indemnizaciones que parecen más propias de los años setenta que del año 2005. Según ha publicado el BOE, la vida de cada uno de estos once trabajadores vale para el Estado 18.000 ? (tres millones de las antiguas pesetas), que deberán ser repartidos entre los herederos de cada víctima e incluidos en las declaraciones de la renta del próximo ejercicio.
En estos mismos días, hemos sabido que el sindicato UGT va a recibir del Gobierno bienes por valor de 300 millones de euros como devolución del patrimonio histórico, o que algunas cajas de ahorro han condonado deudas por préstamos a determinados partidos políticos ahora en el poder. Y ante este maremagno continuo de grandes cifras millonarias, la vida de un trabajador castellano muerto en accidente laboral durante un incendio en Guadalajara sólo vale 18.000 ?.
Además de esto, la prometida declaración de zona catastrófica no ha llegado a producirse, el prometido parador nacional de turismo en Molina no aparece en los presupuestos para el año que viene, se pretende pagar la reforestación con la venta de la madera quemada, etc. Con lo cual se demuestra que el Gobierno Central y el de Castilla-La Mancha no están cumpliendo ninguna de las promesas que realizaron tras el desafortunado incendio del pasado mes de Julio.
Desde TIERRA COMUNERA (TC) reclamamos al Gobierno Central y al de Castilla-La Mancha que mejoren sustancialmente las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos, dado que parece que la indemnización concedida busca más acallar a la opinión pública y dar por cerrado el asunto, que intentar resolver los problemas de unas familias que han perdido a un ser querido y, en muchos casos, su principal fuente de ingresos; y que lleve a cabo todas las promesas que se hicieron en su día para rehabilitar y potenciar la comarca incendiada, desde le declaración de la comarca como «zona catastrófica» para asegurar las inversiones allí necesarias, hasta la ejecución de las mejoras en infraestructuras y la potenciación económica de la comarca, que se prometieron desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.
