El partido político TIERRA COMUNERA (TC) pondrá en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia la situación actual de los embalses de la cabecera del Tajo tras el último trasvase de 39 hm³ de agua al Segura aprobado por el Consejo de Ministro, cuando los Embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentran al 13,4% de su capacidad máxima.
Para esta formación castellanista, no se está cumpliendo la Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/2001 de 5 de Julio, del Plan Hidrológico, según la cual «se considerarán aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 240 hm³». Si tenemos en cuenta que según los expertos y las noticias aparecidas los últimos meses en los medios de comunicación, por debajo del 10% de su capacidad los embalses sólo contienen lodo y aguas no aprovechables (247 hm³ en el caso de los pantanos de Entrepeñas y Buendía), la cantidad real de agua que deben contener esos pantanos en su conjunto para cumplir la citada Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/2001, debe ser de 487 hm³, cantidad que no se cumple desde el pasado 11 de Julio de 2005.
Con el trasvase aprobado el 30 de septiembre por el Consejo de Ministros, se ponen en peligro futuras derivaciones para consumo humano en la cuenca del Segura (a las cuales TIERRA COMUNERA (TC) no se opone si son estrictamente necesarias y sólo para este uso), así como la supervivencia del propio caudal ecológico del río Tajo, de su fauna y de su flora; así como el abastecimiento humano de numerosas poblaciones de las CC.AA. de Madrid y Castilla-La Mancha, donde ya se producen cortes de agua en comarcas como Los Montes de Toledo o restricciones como las decretadas recientemente en Madrid.
Una vez más, se ha demostrado el escaso peso político de los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha y el nulo valor de los «acuerdos históricos» entre Barreda y Narbona, que hasta el momento sólo se han evidenciado en más y más trasvases.
Desde TIERRA COMUNERA (TC) volvemos a pedir la paralización inmediata del Trasvase Tajo-Segura y la dimisión de los políticos de Castilla-La Mancha
incapaces de defender los derechos de los ciudadanos castellanos sobre el agua del Tajo.
