Recientemente, el gobierno central que preside Rodríguez Zapatero, materializó la entrega de 2.500 millones de euros al gobierno andaluz, que dirige el socialista Chaves, en concepto del pago de la deuda histórica que el Estado tenía con la Comunidad de Andalucía. Este hecho, que ha pasado sin demasiada pena ni gloria por los espacios de los medios de comunicación, si que merece algunas reflexiones.
En primer lugar, es un pésimo ejemplo, respecto a la obligación que tiene el presidente del gobierno de España de gobernar para todos sus ciudadanos y territorios por igual, premiar a una Comunidad gobernada por su propio partido en detrimento de las demás; da la impresión de que se intenta compensar económicamente a los socialistas andaluces, por el protagonismo que sus hermanos catalanes, liderados por Maragall, están tomando en el ámbito político y territorial. Los casi 450.000 millones de pesetas con que Zapatero tapa momentáneamente la boca de Chaves, también nos sirven para interrogarnos acerca de la situación de Castilla; ¿no tiene el Estado una deuda histórica pendiente con esta tierra?; ¿qué conceptos podrían ser incluidos en esta Deuda Histórica del Gobierno Central para con la comunidad castellana?.
Como Deuda Histórica deberían conceptuarse en Castilla, la merma en los tributos cedidos, las transferencias infradotadas económicamente como es el caso de la Sanidad, la insuficiente aplicación del Fondo de Compensación Interterritorial, la no consideración de criterios por despoblación y envejecimiento en la financiación de los servicios a prestar, la ausencia o retraso de inversiones en determinadas infraestructuras, la utilización de nuestros recursos naturales o energéticos (agua, electricidad, ahorro,…) sin contraprestaciones y sin tener en cuenta la valoración del coste de expectativas, el trato discriminador a nuestra minería privada- frente a la asturiana pública-, los recursos no percibidos por la competencia desleal y fronteriza en materia de tributación y beneficios fiscales a empresas por parte del País Vasco y, finalmente, la compensación por las consecuencias sociales, económicas y territoriales del modelo de desarrollo desvertebrador impuesto por el Estado Español que han favorecido a la periferia en detrimento de las comunidades del interior.
La evolución del comportamiento de los dos grandes partidos políticos centralistas, PP y PSOE, en relación con el concepto de la Deuda Histórica del Estado con Castilla, es digna de ser reseñada, y si no fuera por la pena que produce, quizás merecería la pena de ser tratada en el ámbito teatral de los sainetes y las operetas bufas. Fue Juan José Lucas, el primero de los políticos de los grandes partidos en solicitar en los primeros años noventa, al gobierno socialista que presidía Felipe González, el pago de la deuda histórica del Estado con esta tierra, reivindicación que se volatilizó cuando el PP se hizo con las riendas del gobierno central, quien premió su lealtad con su fugaz paso por un Ministerio. En los últimos años fue el ¿líder? de los socialistas castellanos y leoneses, el Sr. Villalba quien con más intensidad reclamó al gobierno de Aznar el pago de la Deuda Histórica con nuestra comunidad, exigencia que ha desaparecido de sus programas y declaraciones desde la victoria electoral de Zapatero el pasado 14 de marzo. Todo un ejercicio de cinismo por parte de nuestros representantes políticos más significativos. Ahora es el Sr. Juan Vicente Herrera, quien está tentado de reclamar la Deuda Histórica de Castilla y León, aunque probablemente se pone colorado solo con pensarlo, al recordar que ha sido él quien aceptó unas competencias sanitarias sin las suficientes partidas económicas para pagarlas, o quien asumió sin pestañear un modelo de financiación autonómico netamente negativo para esta tierra, que nos excluía de los fondos de compensación por despoblación.
La reivindicación del pago de la Deuda Histórica que el gobierno central tiene con Castilla, es una obligación permanente que las gentes de esta tierra no deben olvidar, máxime en unos momentos claves para Castilla, donde el próximo recorte en las ayudas europeas, alentado por la ampliación de los nuevos diez países del Este, y la redefinición del Estado de las Autonomías y de su financiación, en una clave netamente discriminatoria y asimétrica, se ciernen como serias amenazas a nuestra viabilidad como pueblo.
Luis Marcos,
Secretario General de TIERRA COMUNERA (TC-PNC)
