Según los estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente, a los que ha tenido acceso TIERRA COMUNERA, aproximadamente el 35% de la superficie nacional de Castilla (casi 3.200.000 hectáreas en Castilla y León y en torno a 1.600.000 hectáreas en Castilla-La Mancha ), está sometida a procesos de desertización moderada o grave, lo cual provoca que avancen fenómenos como la pérdida de suelos y la deforestación, así como que las lluvias sean irregulares, el clima imprevisible, y se agudice la gravedad de fenómenos como riadas, precipitaciones torrenciales o inundaciones.
Para esta organización castellanista, es especialmente grave el avance de la desertización y de la erosión en determinadas comarcas castellanas, como son el Sur de la Comunidad de Castilla y León, el Sur y Este de la Comunidad de Castilla-La Mancha, las áreas de montaña y de grandes pendientes, así como las zonas deforestadas del Sistema Ibérico, del Sistema Central y de los macizos montañosos del sur y este de Castilla-La Mancha, los entornos periurbanos de Madrid y amplias zonas de La Rioja, ya que en estos espacios, se encuentran las 2.000.000 hectáreas de Castilla más afectadas por este problema, con fenómenos de erosión grave o muy grave, y con pérdidas de suelo equivalentes a 1 tonelada/año por hectárea. Esta formación castellana reclama la elaboración de un Plan de Lucha contra la Desertización en Castilla, que incluya las siguientes medidas:
– Estudio y delimitación de las áreas más afectadas por procesos de erosión, con materialización de mapas de desertización y erosión, al menos, a escala 1:50.000.
– Habilitación de una partida de 5 millones de euros en el 2002 para estudiar las medidas a adoptar, y para la elaboración del Plan, y compromiso de dedicar 50 millones de euros anuales durante 5 años, para aplicar las medidas correctoras.
– Favorecer la mejora de los suelos, la incorporación de materia orgánica, limitar el uso de fertilizantes inorgánicos y de productos fitosanitarios y erradicar la quema de rastrojos.
– Ayudas a agricultores y ganaderos que realicen prácticas compatibles con la conservación del medio, así como recuperación ambiental de terrenos baldíos, fincas abandonadas y zonas de pendiente acusada.
– Sustitución de los regadíos obsoletos por otros modernos y debajo consumo de agua.
– Rechazo del Plan Hidrológico Nacional y paralización del trasvase Tajo-Segura. Diseño de una nueva política del agua, más racional, ecológica y ambiental.
– Medidas contra la deforestación, los incendios forestales y ejecución de inversiones para la repoblación forestal con especies autóctonas.
– Frenar la política de abandono de tierras y habilitar ayudas para fijar población en el medio rural, mediante políticas de desarrollo sostenible, que garanticen la calidad de vida a sus pobladores, haciéndola compatible con la preservación del medio.
– Estudio de las cuencas hidrográficas más afectadas, y de los cursos de agua más erosivos, y tomar medidas que eviten avenidas e inundaciones.
– Cooperación entre las Administraciones provinciales, autonómicas y estatales, y coordinación de las ayudas y políticas europeas aplicables, para la adopción de estas medidas y para la financiación del mencionado plan.
