ESPAÑA Q.E.P.D.
Andrés R. Amayuelas. Secretario General JCC
Burgos, 4 de agosto de 1998
El 20 de marzo de 1997 el Tribunal Constitucional certificaba la muerte del Estado español. En esa fecha, y en virtud de la sentencia 61/97, que declaraba inconstitucional el Real Decreto Ley 1/92 de 26 de Junio por el que se aprobaba el Texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, desaparecía uno de los elementos definitorios del «estado».
Ante la dificultad de encontrar una definición precisa para el termino «estado» lo caracterizaremos por tres elementos básicos que deben concurrir, bajo mi punto de vista, para la existencia de un «estado». El primer elemento es el territorio, el espacio físico sobre el que se asienta el estado, el segundo elemento fundamental es la población, el elemento humano que se encuentra sobre el territorio y finalmente, el tercer elemento, la soberanía, la capacidad de autorregulación de esa organización política que se constituye sobre un territorio para gobernar a unos ciudadanos. Con la desaparición de uno de estos tres elementos desaparecería por lo tanto el «estado».
Pues bien, desde el 20 de marzo, el Estado español deja de existir al declarar la sentencia que el Estado no es competente para legislar sobre el suelo, ya que resulta ser competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Es más, la sentencia va más lejos y señala que, aunque el artículo 149.3 de la Constitución de 1978 establezca que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio al de las comunidades autónomas, el estado no puede determinar que normas son las que tienen carácter básico o supletorio, ya que se trata de una competencia que le resulta ajena a la administración estatal.
Este es un ejemplo que viene a ratificar que tras veinte años de democracia continua sin resolverse la articulación plurinacional del Estado español, como así se afirma en la denominada «Declaración de Barcelona» que firmaron los principales partidos nacionalistas. Proponen además, abrir una nueva etapa en la cual se produzca por parte del Estado y de Europa el reconocimiento de sus realidades nacionales, en defensa de la diversidad.
Esta diversidad de la que se habla en la Declaración, que básicamente es la misma en la que se basa la Constitución de 1978 al dividir los territorios comprendidos en el Estado español en nacionalidades y regiones, que algunos denominan hecho diferencial, nos debe hacer pensar ¿diferentes en cuanto a que?. Pregunta de fácil respuesta, diferentes en cuanto a Castilla y lo castellano, la nación mas peculiar, característica e importante de todas cuantas comparten y han compartido el territorio de la península ibérica.
Por lo anterior, en una posible ordenación del Estado español como estado plurinacional de tipo confederal, propugnada en la Declaración de Barcelona, esta quedaría coja si no se reconoce jurídica y políticamente la soberanía nacional de Castilla.
Sin embargo, la milenaria nación castellana aparece dividida por diversas circunstancias, en varias comunidades autónomas, de difícil justificación y carentes de todo peso específico dentro del Estado. La culpa de esta situación no la tiene el Estado español, sino los propios castellanos que somos quienes toleramos esta situación. Castilla somos nosotros, lo castellanos, eso sí, si nos atrevemos.
Andrés R. Amayuelas
