INSTITUCIONES E IDENTIDAD
Luis Marcos. Secretario General de TC-PNC
Las Instituciones políticas y las administraciones públicas, suelen tener normalmente un origen absolutamente prosaico; así, suelen asegurar en sus Actas Fundacionales, que su único objetivo es la gestión eficiente de unos presupuestos, así como la prestación de una serie de servicios a determinada población, constituida por indeferenciados y normalizados ciudadanos. A pesar de ello, los responsables políticos, quizás por esa necesidad tan humana de sentirse queridos, enseguida se lanzan a la búsqueda del reconocimiento social, de la lealtad de sus administrados y de la más profunda legitimidad de sus gobiernos, asumiendo que sus instituciones son, en cierta medida, continuadoras de determinadas trayectorias históricas, protonacionales o populares.
De esta manera, hemos visto como algunas de las comunidades autónomas, creadas al calor de la transición española, están evolucionando desde la asepsia más insípida, hasta el historicismo más militante. Cosas de nuevos conversos. Así, la formación de comunidades autónomas como Madrid, Extremadura, Castilla-León o Castilla-La Mancha, aducía en sus «partidas de bautismo», la necesidad de acercar la Administración a los administrados, las virtudes de la descentralización, y ninguna referencia justificativa y adicional, a realidades históricas pretéritas. Cualquiera es libre de esbozar una sonrisa, cuando algunos comienzan a invocar a lusitanos y cántabros, para buscar las raíces identitarias de la comunidad extremeña o de la antigua provincia de Santander.
Más recientemente, son los presidentes Lucas, Bono y Ruíz-Gallardón, quienes han descubierto el filón de una historia castellana de más de 1.200 años, como notable elemento que orne las mediocres realizaciones, de unas comunidades carentes de cualquier relevancia política, económica o cultural. Los problemas que esta instrumentalización conlleva, son obviados con grandes dosis de incultura y oportunismo. El gran hispanista francés Joseph Perez, cuando fue instado por la Junta de Castilla y León, a realizar un magno estudio sobre el Humanismo Renacentista Castellano, tuvo que renunciar humildemente, ante la observación de que no introdujese tantas referencias, a las aportaciones de la Universidad de Alcalá de Henares. Las comunidades autónomas de Castilla-León, Castilla-La Mancha y Madrid, deben asumir una historia de solo 15 años, y la legitimidad que para ellas desean partidos como el PP, PSOE e IU, deberán buscarla exclusivamente en su utilidad para los ciudadanos. Castilla, que aún es una nación viva, con más de 10 millones de habitantes, no cuenta con un reconocimiento político o institucional en el actual Estado Español, y aún espera que se salde la deuda que con ella contrajeron los padres de la democracia. Pero pretender que alguna de las comunidades autónomas que de ella descienden, se arrogue una representatividad nacional de la que carece, es un enorme dislate.
Así, asistimos a espectáculos patéticos, como la pugna entre los gobiernos autónomos de Castilla-León y Castilla-La Mancha, por obtener la exclusividad del uso de la palabra «Castilla», en la etiqueta de los vinos de la tierra, o a propuestas estrambóticas, como la de IU de Burgos de crear una Academia de la Lengua de Castilla y León (se supone que para defender la lengua «castellano y leonesa»).
Las instituciones artificiales, siempre contaran con ese pecado original en su historia. Mientras, Castilla, nuestra gran nación milenaria, dormida y olvidada, espera en su sueño el momento de dotarse de un vehículo de articulación política, realmente acorde con su verdadera identidad. Por que no conviene olvidar que nuestra lengua es el castellano, nuestra identidad es la castellana, y nosotros sencillamente… somos castellanos.
Luis Marcos
