Ante la amenaza y pérdida de autonomía municipal que se deriva del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Plataforma Rural, alianzas por un mundo rural vivo, y un numeroso grupo representante de los pequeños municipios españoles y de las entidades locales menores, se ha reunido en Madrid los días 5 y 6 de abril del 2013, con el fin de debatir y defender sus derechos constitucionales y su patrimonio común.
Bajo el mandamiento único de la estabilidad presupuestaria y de la lucha contra el déficit, el Gobierno se propone intervenir en la vida local, vaciando de competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que suman 7.749, el 95% de nuestros entes municipales.
Serán los municipios por debajo de los 5.000 habitantes, y entre ellos los 4.873 de menos de 1.000 habitantes, los que se verán excluidos de plenos derechos de representación democrática y privados de sus cuantiosos recursos. Calificar a los pequeños ayuntamientos y a las entidades locales menores o a sus juntas vecinales de «obsoletas y opacas» resulta ofensivo y mendaz, cuando los graves endeudamientos corresponden a las grandes ciudades donde se concentra el despilfarro y las acciones urbanísticas «impropias», calificadas de especulativas. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) debería revisar sus planteamientos y velar a ultranza por los entes más débiles y los servicios de proximidad, fortaleciendo así la cohesión territorial.
Desde una posición equívoca y apoyada en una sobrevaloración de las economías de escala, el Gobierno pretende eliminar las competencias calificadas sin razonamientos objetivos de impropias, sometiendo a lugares distintos y diversos a unos estándares de servicios y de costes únicos que rayan en una visión plana y nada amigable con el medio rural. Precisamente aquí, la austeridad no depredadora y la cercanía a los problemas vecinales han marcado durante estas décadas el comportamiento más común, «eficiente», efectivo y afectivo. Muchos entes locales rurales, en contrapunto a los municipios urbanos escandalosamente endeudados, han sido verdaderos ejemplos de «smart locus» (lugares inteligentes). Confiar en la potestad de los interventores frente al poder político local o en las nuevas atribuciones competenciales de las diputaciones nos parece un desprecio al quehacer inteligente de alcaldes, concejales, alcaldes-pedáneos, presidentes de juntas vecinales y a cuantos generosamente han sostenido los servicios de proximidad y han luchado por un mundo rural vivo. Ellos se merecen el máximo respeto y reconocimiento de la ley, y no una descalificación, o lo que es más grave, el expolio de los bienes territoriales conservados gracias a sus esfuerzos.
Consideramos que el patrimonio público en sus distintas formas de pervivencia y de uso (Montes de Utilidad Públicas, bienes de propios, bienes y montes comunales o concejiles, montes y bienes mancomunales, montes en mano común, dehesas boyales) debe ser preservado en su integridad y mantener su vinculación al territorio y a sus entes locales o juntas vecinales, sus legítimos e históricos dueños. No podemos tolerar que, bajo el amparo de esta reforma injusta, y en el contexto de una crisis financiera ajena al mundo rural, los grupos oligárquicos y corporativos se apoderen y se beneficien de las plusvalías naturales, culturales y agroalimentarias pertenecientes por derecho, por trabajo, y por historia al mundo rural. El mantenimiento de la población y de los servicios sociales próximos debería ser un objetivo fundamental de un gobierno y de una política comprometida con los territorios rurales y con sus habitantes.
Para mayor información: www.plataformarural.org
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