La Dimisión del Concejal Santiago González Braceras, acosado en las últimas semanas por el uso presuntamente irregular de los coches oficiales del Ayuntamiento para fines particulares e implicado por los medios de comunicación y algunos grupos de la oposición en contrataciones irregulares del Ayuntamiento de Burgos con empresas de sus familiares más directos, evidencia a juicio del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) que la corrupción acorrala la gestión del Partido Popular en el consistorio burgalés, ante lo cual es urgente que el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, asuma responsabilidades y de públicamente explicaciones ante las repetidas irregularidades cometidas por diferentes miembros de su equipo de gobierno.
Tras el caso Villanueva que supuso su dimisión como concejal, ahora en manos judiciales, que supuso la imputación de consumos estratosféricos por duplicados de tarjetas de descargas de datos en terminales presuntamente ajenos al Ayuntamiento de Burgos, se suma, ahora, la dimisión de Santiago González Braceras, tras las informaciones, parcialmente reconocidas por el mismo Braceras, del uso indebido de coches municipales por parte del dimisionario González Braceras y Ángel Ibáñez, así como de contrataciones irregulares de empresas vinculada a sus familiares más directos con el Ayuntamiento de Burgos.
Para los castellanistas, Javier Lacalle debe hacer un serio ejercicio de reflexión, y darse cuenta de la lista y el equipo de confianza con que se presentó a las pasadas elecciones, «se rodeó de personas que han cometido presuntas actuaciones fraudulentas como Villanueva o Santiago Gonzállez Braceras, y de otros concejales cuya actividad municipal se limita al cobro desde las arcas municipales (Cristino Diez, Esteban Rebollo, …). A esto hay que sumarle actuaciones tan lamentables como la Ibáñez en el caso Espolón, o en uso compartido e irregular de coches oficiales para usos particulares».
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) entiende que el desmantelamiento que padece el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Burgos, acosado por la corrupción, no se soluciona mirando para otro lado o escondiendo la cabeza debajo del ala, y exige una acción decidida por la transparencia, contra la corrupción y por la depuración exhaustiva de responsabilidades entre técnicos y políticos del Ayuntamiento afectados por estos casos.
Los castellanistas reclaman la inmediata creación de una Comisión de Investigación Municipal que investigue estos casos, la elaboración de una Auditoría Independiente que analice las cuentas y contrataciones del Ayuntamiento en los últimos diez años, y la apertura de un Procedimiento Cívico que permita a los vecinos de Burgos tener acceso a las hasta ahora opacas cuentas y documentos que recogen las actuaciones municipales, sus cuentas, sus sistemas de contratación y sus pagos.
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