La declaración del exconcejal ‘popular’ Eduardo Villanueva ante la fiscal y la juez que instruye las diligencias emanadas de la denuncia que presentó el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) por la presunta comisión de varios delitos vinculados a uso de la telefonía móvil municipal tuvo una respuesta inmediata por parte de Fiscalía que ha sido secundada casi íntegramente por la magistrada.
Villanueva declaró el 22 de enero a las once de la mañana. El día 23 el fiscal jefe solicitó a Instrucción 1, que es quien lleva el caso, que se practicaran al menos ocho diligencias, de las que siete han sido aceptadas por la juez y, por tanto, ordenada su puesta en marcha. Con respecto a la condición de suministrador de servicios de Telefónica, se solicita toda la documentación obrante en el Ayuntamiento (contratos, procedimientos de adjudicación…) y que se informe sobre el papel que el exedil jugó en este capítulo, si es que lo hizo.
También se piden informes municipales (demanda que en principio va dirigida al alcalde) sobre todo el proceso de entrega del material de telecomunicaciones a los concejales, el modo de hacerlo, los expedientes y los nombres de todas las personas que tuvieran conocimiento de este procedimiento. Más en concreto, se exige la aclaración de cómo, por qué, cuándo y quién entregó a Villanueva los duplicados desde los que movió un gran tráfico de datos entre octubre de 2010 y octubre de 2012.
Por otro lado, se solicita un organigrama detallado del personal de las secciones de Informática y de Ingeniería Industrial y saber si se produjeron cambios en ellos y en base a qué mientras Villanueva dirigía ambas secciones. Con respecto a los pagos que se efectuaron de las facturas contra las que impactó el uso de los duplicados, se pide a Intervención, Tesorería y Secretaría General que aclaren qué se pagó y que se disipen las dudas (contradicciones) sobre si se ha procedido a la devolución íntegra del dinero pagado a Telefónica y que, según la versión que sostiene el exconcejal imputado, se debió a un error de la compañía y no al «uso indebido e inapropiado» que señaló el vicesecretario general en su informe interno.
Además, y como al parecer se desprende de lo comunicado por Telefónica al Juzgado, el Ayuntamiento dispone de un sistema de gestión que podría arrojar luz sobre los usos concretos de los duplicados, por lo que se reclama que los propios técnicos municipales hagan un análisis de los mismos y los remitan a la Sala.
Por último, se cita a declarar en calidad de testigos a tres funcionarios de las áreas de Ingeniería Industrial e Informática y a dos trabajadores de Telefónica; un comercial regional y el firmante de las contestaciones remitidas a la jueza hasta el momento.
(Fuente: Á.M / Diario de Burgos)
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