La Agrupación Provincial en Toledo del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama la creación en Toledo de un Fondo Social de Viviendas en alquiler, bajo gestión municipal, que sirva para resolver el drama de las numerosas familias que por efecto de la crisis económica y de los desahucios inmobiliarios temen quedarse sin hogar.
Los castellanistas recuerdan que Caritas Diocesana atendió en la provincia de Toledo a 3.583 personas a través de su Red de Personas sin Hogar (más de 10.000 en toda la Comunidad) en el año 2011. Estos hechos suponen un drama de primera magnitud, causado por el desempleo, que afecta a 98.000 toledanos en la provincia según los datos de la última EPA, y por la profunda crisis económica.
Al mismo tiempo, a juicio del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), se da la circunstancia de que, según datos de la empresa de administración de comunidades LDC, existen 46.481 viviendas vacías en la provincia de Toledo (con datos del año 2011) y que los Bancos y Cajas de Ahorros, tienen ya en el conjunto de España entre 200.000 y 300.000 viviendas, y que han necesitado más de 60.000 millones de euros de dinero público para su saneamiento. En la provincia de Toledo, los cálculos del SAREB o «Banco Malo» predicen que se tardará 14 años en vender el stock de vivienda vacía propiedad de Bancos y Cajas.
Los castellanistas toledanos reclaman que las administraciones públicas adopten medidas que contribuyan a paliar este grave drama de familias sin ingresos que además pueden verse literalmente en la calle. Las medidas del gobierno de Rajoy sobre los desahucios constituyen un parche parcial que no resolverá el problema, ya que las pocas familias beneficiadas solo posponen por dos años el desahucio, y no reducen nada su deuda con las entidades de crédito.
Así, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) propone que el Banco Malo y las Entidades de Crédito poseedoras de viviendas en Toledo, así como propietarios que voluntariamente quieran aportar viviendas vacías de su propiedad, cedan temporalmente al Ayuntamiento de Toledo un total de 500 viviendas, con las que el consistorio formaría un Fondo Social de Viviendas que el Ayuntamiento ofertaría, a cambio de un alquiler social, a personas sin techo, a familias víctimas de desahucios hipotecarios, o de expulsiones de pisos en alquiler.
Los castellanistas creen que estas medidas sociales no supondrían un coste significativo para el Consistorio de Toledo, ni tampoco para las entidades que cedieran temporalmente pisos y viviendas inmovilizados que hoy por hoy son imposibles de vender, y que a cambio obtendrían una renta, reducida pero estable. Y sobre todo se ayudaría a resolver uno de los mayores problemas sociales de la ciudad, al tiempo que el Ayuntamiento de Toledo lideraría una iniciativa clave para evidenciar su compromiso con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.
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