Castilla nos une

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El PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Burgos) denuncia que los recortes de la Junta, Diputación y el Estado están deteriorando gravemente la prestación de servicios en el medio rural burgalés y acelerando los procesos de despoblación. (Octubre 2012). (08/10/2012)

La Agrupación Territorial en la provincia de Burgos del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) alerta de los graves efectos que sobre la prestación de servicios públicos esenciales en el Medio Rural, está significando la política de recortes y supresión de dotaciones esenciales por parte de las administraciones del Estado, Autonómica y Provincial. Entre estos efectos, los castellanistas destacan el empobrecimiento generalizado de la población de los pequeños municipios y la intensificación de las tendencias que agudizan la despoblación en el campo burgalés.

 Supresión de líneas de transporte público, y reducción de sus frecuencias, en prácticamente todas las comarcas de la provincia burgalesa, lo cual incide en un aumento del aislamiento de la población rural, y especialmente de la más envejecida.
 Reducción de servicios sanitarios básicos, especialmente en las urgencias nocturnas (18 zonas de salud de toda la comunidad), que ha afectado especialmente a los centros comarcales de Pradoluengo y Belorado, además de traslado de profesionales sanitarios (130 en toda Castilla y León) que atendían consultorios médicos rurales o centros de salud comarcales, a la capital a Aranda o a Miranda.
 Recortes en dotaciones de profesores y maestros en los núcleos escolares rurales, con despido de interinos y no sustitución de bajas. Además los centros escolares han visto recortados sus presupuestos para calefacción y gastos ordinarios, y los alumnos disminuidas sus becas y ayudas para libros.
 Encarecimiento de los servicios de las Residencias Públicas de la Tercera Edad y recortes drásticos en las Ayudas a la Dependencia y en la Ayuda Domiciliaria, de las cuales se beneficiaban un importante porcentaje de la población rural, y que en muchos casos carecen de posible sustitutivo.
 Disminución de los servicios públicos de Correos, con reducción del número de carteros y de la frecuencia del reparto.
 El arrasamiento del modelo de ordenación territorial rural tradicional, con propuestas como la desaparición de las pedanías, de los ayuntamientos menores y de los partidos judiciales de Briviesca, Lerma, Salas de los Infantes y Villarcayo, apostando por administraciones alejadas del medio rural como las Diputaciones Provinciales.
 El incremento de la Inseguridad en el Medio Rural por recortes en el número de guardias civiles y el aumento de los delitos en los núcleos rurales provinciales.
 El recorte de recursos para las Cámaras Agrarias que condiciona su viabilidad, más la fuerte reducción de ingresos de la práctica agrícola y ganadera tradicional.

Todas estas medidas inciden especialmente en la población rural, dificultando la vida de las familias y de las personas mayores, que en mucha mayor proporción de lo habitual, valoran la posibilidad de trasladar su domicilio a los núcleos urbanos, con el objetivo de tener garantizada una prestación educativa y sanitaria básica, así como no depender de sistemas de transporte defectuosos y muy esporádicos.

Los castellanistas consideran que los recortes que imponen los gobiernos del PP al medio rural burgalés, son crueles y graves porque afectan a una población especialmente indefensa y vulnerable como es la rural, pero además desde el PCAS se estima que son unos recortes inútiles e ineficaces que no servirán ni para recortar el déficit público ni para favorecer el crecimiento económico, la actividad empresarial o la creación de empleo. Estos recortes agudizarán las tendencias existentes que favorecen la despoblación en los núcleos rurales y el envejecimiento de su población.

Así, los responsables del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) en la provincia de Burgos reclaman a los alcaldes de los pequeños municipios burgaleses, la mayoría elegidos en las candidaturas del Partido Popular, que son los que más están sufriendo los recortes impulsados por la Junta de Castilla y León, por el Gobierno Central y por la Diputación Provincial que se desvinculen del PP, entregando sus carnets en caso de estar afiliados, y desvinculando sus grupos municipales del Partido Popular, como mecanismo de presión contra los responsables de los recortes que padece el medio rural burgalés.

 

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