El Pleno de La Puebla de Montalbán ha dado su visto bueno, con la abstención del PSOE, a llevar a la Justicia a la anterior alcaldesa, Araceli Ladera, para que de explicaciones en relación con una serie de presuntas irregularidades en su gestión de la pasada legislatura. La tramitación de un PAU (Programa de Actuación Urbanística), la recepción de las viviendas tuteladas pese a contar las obras con deficiencias y el supuesto pago de las facturas de la luz de un local que regentaba un familiar son los motivos que han impulsado a la corporación a adoptar esta medida un año después de la toma de posesión del nuevo Gobierno.
La moción se debatió a instancias del presentante de URI-PCAS y de los concejales de IU, aunque finalmente fue apoyada por los ediles ‘populares’, que quisieron que constara en acta su apoyo a la propuesta en base a una serie de informes jurídicos que avalan la versión expuesta por IU en la sesión plenaria de la pasada jornada.
Los motivos que ha impulsado llevar a la exacaldesa Ladera a los tribunales pasan por que uno de los socios de la empresa adjudicataria del PAU conocido como ‘La Perola’ mantenía una relación sentimental con la entonces alcaldesa, el Ayuntamiento no recibió el diez por ciento del suelo en concepto de aprovechamiento por el plan urbanístico, ni tampoco la garantía necesaria para comenzar las obras.
Ladera y este socio de la empresa, pocos días antes de las elecciones, acudieron a un notario para favorecer una dación en pago, renunciando el Consistorio a algunos terrenos de los acordados como pago -porque se modificó el convenio ante la imposibilidad de dar el dinero por parte de la empresa- y sobre los que pesaban cargas, un acuerdo que finalmente no pudo registrarse porque contravenía lo aprobado en Pleno.
Las viviendas se recepcionaron sin haber visto las obras y a pesar de que «daba pena verlas», muestra de lo cual es que ha pasado más de un año y no se han podido abrir, incluso habiendo que subsanar deficiencias ya no en las dependencias sino en el proyecto. Respecto al pago de la luz del local, en el escrito de Ladera a Iberdrola, ésta -estando ya en funciones- indicaba que no se pasaran más facturas por ese local que albergaba la ludoteca, que ésta ya venía funcionando desde hace años en otras instalaciones.
El PP, más allá de valorar, se limitó a leer una serie de informes jurídicos que avalan lo expuesto por IU en los dos primeros casos, motivos suficientes para apoyar la propuesta de Izquierda Unida. Eso sí, algunos quisieron que constara en acta que su apoyo era por lo contenido en los informes.
Desde la bancada socialista, Abilio Maroto preguntó a IU hasta cuándo había que remontarse para pedir explicaciones a las anteriores corporaciones, aunque, dicho esto, y en aras de la transparencia, se abstuvo, al igual que los otros dos concejales de su Grupo, en la votación, que, aún así, salió adelante.
El edil de URI-PCAS, Domingo Sobrino, por su parte, consideró tras la lectura de los informes que «no hay más que decir». «No somos nosotros quienes tenemos que juzgar, pero si hay indicios, no es malo que se deje en manos de la Justicia y que se ésta la que juzgue», matizó.
(Fuente: modificado J.F. La Tribuna de Toledo)
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