Hoy, 14 de octubre de 2026, la educación pública de la Comunidad de Madrid ha iniciado un pulso histórico por su propia supervivencia. Más de 65.000 docentes de las enseñanzas no universitarias y de régimen especial están llamados a una huelga indefinida que mantiene en vilo a más de 666.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP. Con un seguimiento masivo que los sindicatos convocantes (CC OO, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera) sitúan por encima del 70%, las aulas madrileñas no se han vaciado por dinámicas partidistas ni por capricho. Se han vaciado porque la asfixia del sistema ha llegado a un punto de no retorno.
Desde el Partido Castellano – Tierra Comunera (PCAS-TC), asumimos y respaldamos esta movilización desde una identidad nítida de izquierdas y castellanista. Madrid, motor demográfico de la Castilla contemporánea, sufre las consecuencias de un laboratorio neoliberal que desmantela los servicios públicos de nuestros barrios para convertirlos en nichos de negocio privado. Defender la escuela pública madrileña no es solo defender el derecho al futuro de la juventud; es blindar las condiciones de vida y de trabajo de quienes sostienen el pilar fundamental de la igualdad social en nuestra tierra.
I. Radiografía del expolio: la paradoja de la riqueza madrileña
La realidad material de nuestros centros educativos no se puede camuflar con propaganda institucional. Resulta una contradicción sangrienta que la comunidad autónoma con el mayor Producto Interior Bruto (PIB) per cápita del Estado sea la que menos invierte por alumno en la enseñanza pública: 6.502 euros anuales frente a los 7.943 euros de la media estatal. Este desfase del 18% se traduce directamente en las carencias diarias que sufren los centros de los barrios populares de la capital, como Usera, Vallecas o Carabanchel, así como los municipios de las clases trabajadoras del sur y del este madrileño.
Frente a la dignidad de quienes reclaman condiciones dignas, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha respondido con su arrogancia habitual. Primero, despreciando la huelga al tildarla de «política e innecesaria». Segundo, recurriendo a la represión desproporcionada en el campus de la Universidad Complutense, donde la jornada del inicio del paro se ha saldado con cargas policiales y cinco estudiantes detenidos por apoyar los encierros docentes. Criminalizar la protesta y asfixiar económicamente a la red pública son las dos caras de la misma moneda: un modelo que busca la segregación socioeconómica y el desvío sistemático de fondos comunes hacia el negocio de la educación privada y concertada.
II. Dignidad laboral: el pliego de condiciones de los profesionales
Para saber de qué se habla en las salas de profesores, hay que pisar el suelo de los centros. La huelga indefinida no es un conflicto abstracto; se fundamenta en un pliego de reivindicaciones laborales urgentes que el profesorado madrileño exige tras ver cómo comunidades vecinas como Valencia o Cataluña lograban mejoras estructurales mediante la movilización:
- Reducción de la carga lectiva: Se exige de forma inmediata rebajar las horas de clase a un máximo de 17 horas semanales en Secundaria y 22 en Infantil y Primaria (frente a las extenuantes 19 y 25 horas actuales). No es «trabajar menos», es tener tiempo material para preparar las clases, coordinar proyectos pedagógicos y evaluar con rigor científico, en lugar de vivir sepultados bajo una carga burocrática inútil que deshumaniza la labor docente.
- Actualización salarial y coste de la vida: La Comunidad de Madrid se encuentra en el tercio de autonomías que peor paga a sus docentes, mientras lidera de forma absoluta el encarecimiento de la vivienda, los transportes y la cesta de la compra. Los sindicatos exigen un incremento lineal de 600 euros al mes para corregir una pérdida de poder adquisitivo crónica y evitar que los nuevos profesionales se vean expulsados de la región por la imposibilidad de pagar un alquiler.
- Bajada drástica de ratios y atención a la diversidad: La masificación en las aulas madrileñas impide cualquier atisbo de educación individualizada. Urge blindar por ley ratios máximas que garanticen la inclusión real, incrementando drásticamente las plantillas de personal especialista (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación y profesorado técnico de servicios a la comunidad) para no dejar desamparado al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
- Infraestructuras y salud laboral: Trabajar en la escuela pública madrileña se ha convertido en un factor de riesgo. Los profesionales exigen un plan urgente de climatización en las aulas frente a las temperaturas extremas de las olas de calor, la eliminación total del amianto en los centros antiguos y la erradicación de los barracones temporales que se cronifican durante años.
III. El elemento propositivo: las Escuelas del Común
Frente al sálvese quien pueda neoliberal, el castellanismo de izquierdas propone un plan de choque inmediato, viable y profundamente pedagógico que devuelva la soberanía educativa a las plazas y a los barrios:
- Pedagogía del entorno frente a la memorización mecánica: Con la reducción de ratios y la implantación de la co-docencia (dos profesores por aula), proponemos desterrar el modelo de exámenes estandarizados. Debemos transitar hacia un aprendizaje significativo vinculado a la realidad material del alumnado. Queremos una escuela donde las matemáticas se entiendan analizando los problemas de habitabilidad o el precio del alquiler en el propio barrio; donde las ciencias se estudien investigando la degradación de los ecosistemas locales del Manzanares o el Jarama; y donde la historia recupere la memoria de las luchas populares que han construido los derechos colectivos en nuestra región frente al abuso del poder absoluto.
- Centros abiertos como Ateneos Vecinales: Las escuelas e institutos públicos, financiados con los impuestos de la vecindad, no pueden ser edificios herméticos que cierran a las cuatro de la tarde. Proponemos que abran sus puertas en horario extraescolar y fines de semana como espacios socioculturales autogestionados por las AMPAS, asociaciones de vecinos y colectivos juveniles. Espacios que garanticen el apoyo escolar gratuito para romper la brecha de clase y que alberguen comedores escolares de gestión directa, abastecidos con productos frescos y de proximidad procedentes del sector primario de las provincias castellanas colindantes (Toledo, Guadalajara, Segovia, Ávila), tejiendo una red de soberanía alimentaria, salud y solidaridad territorial.
Conclusión: la siembra del mañana
Financiar la dignidad de la educación pública madrileña no es una utopía; es una estricta decisión política y fiscal. Exige elevar la inversión educativa hasta alcanzar el 7% del PIB regional, revirtiendo los privilegios fiscales que el Gobierno de Ayuso concede a las rentas más altas y cortando de raíz el desvío de dinero público a las patronales educativas privadas.
Los docentes y las familias que hoy sostienen las cajas de resistencia en Vallecas, Tetuán, Móstoles o Alcalá de Henares nos están recordando la lección más antigua de nuestra historia: los derechos no se mendigan en los despachos del poder, se conquistan en la calle mediante la solidaridad y la organización. Su huelga es el inicio de la reconquista de lo común. Su lucha es la nuestra.
