El Partido Castellano-Tierra Comunera reclama una moratoria inmediata sobre el cierre de escuelas rurales y denuncia que la desaparición de cientos de aulas en las últimas décadas constituye uno de los principales factores que alimentan la despoblación, la pérdida de identidad y el declive económico de Castilla.
El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) quiere expresar su más firme rechazo a la política de cierres de escuelas rurales que, desde hace décadas, vienen ejecutando las distintas administraciones públicas en Castilla y León. Para nuestra organización, el progresivo desmantelamiento de la red educativa en el medio rural constituye uno de los mayores fracasos políticos de la democracia y una de las causas más importantes de la despoblación que sufre nuestra tierra.
Durante más de setenta años Castilla ha vivido un proceso continuo de pérdida de población. Desde los años cincuenta, millones de castellanos abandonaron sus pueblos empujados por la falta de oportunidades laborales, por la concentración industrial y por unas políticas estatales que favorecieron el desarrollo de las grandes áreas metropolitanas mientras convertían el interior peninsular en un territorio de extracción de recursos y expulsión de población.
Pero la despoblación no ha sido únicamente consecuencia de la emigración. También ha sido consecuencia de las decisiones políticas adoptadas durante décadas. Cuando un pueblo pierde su consultorio médico, pierde calidad de vida. Cuando pierde la oficina bancaria, pierde actividad económica. Cuando desaparece el transporte público, pierde oportunidades. Pero cuando pierde su escuela, pierde su futuro.
La escuela rural nunca ha sido únicamente un edificio educativo. Es el principal espacio de convivencia de un municipio. Es el lugar donde se construye comunidad, donde nacen amistades, donde las familias participan en la vida colectiva y donde los niños aprenden a sentirse orgullosos de su pueblo. Por eso, cerrar una escuela supone mucho más que trasladar a unos pocos alumnos a otra localidad. Supone enviar un mensaje devastador a toda la población: este pueblo ya no tiene futuro.
Durante las últimas décadas, Castilla y León ha visto desaparecer dos millares de escuelas y unidades educativas rurales como consecuencia del éxodo demográfico y de las políticas de concentración escolar. Aunque no existe un registro histórico único que permita cuantificar con exactitud todos los cierres producidos desde mediados del siglo XX, la evolución del sistema educativo muestra una reducción continuada de la red escolar rural, especialmente desde mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado y durante los años posteriores a la crisis económica de 2008.
Lejos de corregirse, esta tendencia continúa hoy. Cada verano asistimos al mismo debate. La administración autonómica presenta el cierre de aulas rurales como una consecuencia inevitable de la falta de alumnado. Sin embargo, desde el PCAS-TC afirmamos con rotundidad que esa explicación es profundamente equivocada. La despoblación no puede combatirse retirando precisamente aquellos servicios públicos que permiten que las familias permanezcan en los pueblos.
Es un círculo vicioso. Primero desaparecen los servicios. Después se marchan las familias. Finalmente se utiliza esa pérdida de población como argumento para seguir eliminando servicios. Ese modelo ha fracasado. Y quienes lo han impulsado durante décadas deben asumir su responsabilidad política.
El Partido Castellano-Tierra Comunera considera especialmente grave la actitud mantenida por la Junta de Castilla y León, que continúa aplicando criterios exclusivamente cuantitativos para decidir la continuidad de numerosos centros educativos rurales. Las personas no somos estadísticas. Los pueblos no son balances contables. La educación pública no puede gestionarse con la lógica de una empresa privada. Una escuela con cuatro alumnos puede resultar extraordinariamente rentable desde el punto de vista social, territorial y económico si permite que cuatro familias permanezcan viviendo en el municipio.
Porque detrás de cada niño existe una familia. Y detrás de cada familia existe una vivienda habitada, un comercio que continúa abierto, una explotación agrícola o ganadera que mantiene actividad, una asociación cultural que sigue funcionando y un pueblo que conserva esperanza. La escuela rural constituye, probablemente, la política más eficaz contra la despoblación. No solamente garantiza el derecho constitucional a la educación en igualdad de condiciones. También favorece la conciliación familiar. Facilita el asentamiento de nuevos habitantes. Contribuye al emprendimiento rural. Fortalece el comercio local. Genera empleo docente. Favorece la cohesión social. Y mantiene vivos municipios que, de otro modo, quedarían definitivamente condenados al abandono.
Además, la escuela rural posee un extraordinario valor pedagógico. Las aulas multigrado favorecen una atención mucho más personalizada que los grandes centros urbanos. Numerosos docentes destacan la cooperación entre alumnado de distintas edades, la implicación de las familias y la estrecha relación entre el centro educativo y el entorno como algunas de las grandes fortalezas de este modelo educativo.
Para el PCAS-TC existe también una dimensión cultural que rara vez aparece en los debates institucionales. Cada escuela rural constituye un espacio privilegiado para transmitir la historia local, el patrimonio comunal, el conocimiento del territorio, la cultura popular castellana, las tradiciones, el respeto por el paisaje y la memoria colectiva de nuestras comarcas. No puede construirse una Castilla orgullosa de sí misma si desaparecen precisamente los lugares donde las nuevas generaciones aprenden a amar y comprender su tierra. La identidad castellana no se conserva únicamente en los archivos, en los museos o en las universidades. También se construye cada mañana en las pequeñas escuelas de nuestros pueblos. Allí donde un maestro explica la historia de los Comuneros. Donde los niños conocen los nombres de los montes, de los ríos y de los caminos de su municipio. Donde aprenden que el patrimonio no pertenece al pasado, sino que constituye una herramienta para construir el futuro. Cerrar una escuela significa también empobrecer nuestra identidad colectiva. Significa romper la transmisión generacional del conocimiento del territorio. Y significa debilitar el sentimiento de pertenencia a Castilla en las generaciones futuras.
Por todo ello, el Partido Castellano-Tierra Comunera considera que ha llegado el momento de abandonar definitivamente las políticas resignadas frente a la despoblación y sustituirlas por una estrategia basada en la esperanza, la inversión pública y la igualdad territorial. Porque Castilla no está condenada a desaparecer. Lo que necesita es voluntad política. Y esa voluntad empieza por mantener abiertas las puertas de cada escuela rural. Los hechos demuestran que esta situación no pertenece al pasado. Sigue ocurriendo hoy.
En las últimas semanas se ha conocido que, de cara al curso 2026-2027, las aulas de Martiago, Aldea del Obispo y Valero, en la provincia de Salamanca, se encuentran abocadas al cierre por no alcanzar el número mínimo de matrículas exigido, mientras que San Muñoz ha permanecido durante semanas en una situación de incertidumbre hasta lograr reunir alumnado suficiente para mantener abierta su aula.
No se trata de casos aislados. Son la expresión de un modelo político que lleva décadas aceptando como inevitable el retroceso del mundo rural. En los últimos cursos escolares se han procedido a cerrar decenas de unidades escolares y colegios rurales en municipios y localidades como Boada, Mogarraz, San Martín, Estébanez de la Calzada, Carucedo, Calamocos, Congosto, Oseja de Sajambre, Huerga de Garaballes, Villar de Mazarife, Fuentespreadas y Ferreruela , además de otros muchos repartidos por las nueve provincias de Castilla y León, datos que la Consejería de Educación de Castilla y León intenta ocultar y que solo por la presión de los vecinos salen en ocasiones a los medios de comunicación. En 2021 llegaron a desaparecer trece colegios rurales en la Comunidad, afectando a siete provincias distintas, lo que evidenció que el problema era estructural y no coyuntural.
Para el Partido Castellano-Tierra Comunera, cada uno de estos cierres representa una derrota de las políticas públicas. Porque cuando desaparece la escuela, el siguiente paso suele ser el cierre del bar. Después llega la desaparición del comercio. Más tarde se pierde el consultorio médico. Las viviendas dejan de ocuparse. Los jóvenes ya no regresan. Y el pueblo entra en una espiral de decadencia que termina siendo extremadamente difícil de revertir. No podemos seguir permitiendo que las administraciones contemplen este proceso con resignación. Resulta especialmente preocupante que la Junta de Castilla y León continúe abordando el problema de la despoblación desde una perspectiva reactiva y no preventiva.
Cada año se anuncian nuevas estrategias demográficas. Nuevos planes. Nuevas comisiones. Nuevos informes. Pero los pueblos siguen perdiendo habitantes. Y las escuelas siguen cerrando. No basta con pronunciar discursos sobre la España vaciada. Hay que garantizar servicios públicos. Hay que invertir. Hay que creer en el mundo rural. Y, sobre todo, hay que dejar de considerar que mantener abierta una escuela con pocos alumnos constituye un lujo. Es exactamente lo contrario. Es una inversión de futuro. El PP y VOX de Castilla y León han sido y serán incapaces de entenderlo.
Desde el PCAS-TC proponemos un Pacto Castellano por la Escuela Rural, que implique a la Junta de Castilla y León, a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos, a la comunidad educativa, a las universidades y a las organizaciones sociales para convertir la educación rural en el principal instrumento de cohesión territorial de Castilla.
Ese pacto debería traducirse en un conjunto de compromisos concretos:
- Aprobar una Ley de Protección de la Escuela Rural de Castilla, que impida cierres automáticos por razones exclusivamente numéricas.
- Establecer una moratoria inmediata sobre el cierre de escuelas rurales mientras se desarrolla una nueva estrategia demográfica.
- Flexibilizar las ratios mínimas de alumnado en los municipios afectados por despoblación.
- Garantizar que ningún niño o niña tenga que abandonar su pueblo para poder acceder a una educación pública de calidad.
- Incrementar las plantillas de profesorado itinerante y de especialistas en atención a la diversidad.
- Dotar a todos los centros rurales de conexión digital de alta capacidad y equipamientos tecnológicos equivalentes a los de cualquier colegio urbano.
- Crear un programa específico de incentivos para docentes que desarrollen su carrera profesional en el medio rural.
- Impulsar proyectos educativos vinculados al patrimonio natural, histórico, lingüístico y cultural de Castilla.
- Coordinar las políticas educativas con medidas de acceso a la vivienda, apoyo al emprendimiento, conciliación familiar y fomento de la natalidad.
Porque la escuela rural no puede entenderse de manera aislada. Forma parte de un ecosistema. Cuando una familia decide instalarse en un pueblo analiza si existe colegio, consultorio médico, transporte, acceso a internet, comercio, vivienda y oportunidades de empleo. Todo está conectado. Por eso, el PCAS-TC considera imprescindible abandonar definitivamente las políticas sectoriales y poner en marcha una auténtica estrategia integral para reconstruir el mundo rural castellano.
Nuestro proyecto es claro. Queremos una Castilla donde vivir en un pueblo vuelva a ser una oportunidad y no una renuncia. Una Castilla donde los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital sin verse obligados a emigrar. Una Castilla donde la educación pública llegue con la misma calidad a una gran ciudad que a un pequeño municipio de la montaña palentina, de la Sierra de Gredos, de la Ribera del Duero, de Tierra de Campos, de la comarca de Pinares, de Sayago, de Sanabria o de la Sierra de Francia.
La igualdad territorial no consiste en tratar igual a quienes viven realidades diferentes. Consiste en ofrecer más apoyo precisamente allí donde existen mayores dificultades. Ésa es la verdadera justicia social. Por eso denunciamos también la pasividad de muchas diputaciones provinciales, que durante años han asumido como inevitable el deterioro del medio rural sin ejercer el liderazgo institucional que Castilla necesita.
Las diputaciones deberían ser las primeras defensoras de cada escuela rural. Las primeras en movilizar recursos. Las primeras en reclamar financiación. Las primeras en apoyar a las familias. Sin embargo, demasiadas veces han preferido administrar la decadencia antes que impulsar la esperanza. Castilla merece mucho más. Merece administraciones valientes. Merece instituciones que crean en sus pueblos. Merece gobiernos que comprendan que el futuro no se construye únicamente en las grandes ciudades.
También se construye en los pequeños municipios donde todavía resisten miles de familias que siguen cuidando nuestros bosques, cultivando nuestros campos, produciendo alimentos de calidad, conservando nuestro patrimonio y manteniendo viva la memoria colectiva de Castilla. Como recuerdan numerosos docentes e investigadores, la escuela rural ha dejado de ser un modelo educativo «de segunda» para convertirse en un referente de atención personalizada, innovación pedagógica y cohesión comunitaria. Lejos de ser un problema, constituye uno de los grandes activos de Castilla y León frente al reto demográfico.
El Partido Castellano-Tierra Comunera hace un llamamiento a toda la sociedad castellana para defender este patrimonio común. Defender la escuela rural es defender la igualdad de oportunidades. Es defender la justicia territorial. Es defender el derecho de nuestros hijos e hijas a crecer en el lugar donde nacieron. Es defender la supervivencia de nuestros pueblos. Es defender nuestra historia. Nuestra cultura. Nuestra identidad. Y, sobre todo, es defender el futuro.
Porque Castilla no está condenada a convertirse en un inmenso territorio vacío. Castilla tiene recursos. Tiene talento. Tiene patrimonio. Tiene capacidad para liderar la transición ecológica, la producción agroalimentaria sostenible, la bioeconomía, las energías renovables, la gestión forestal y el emprendimiento rural. Pero para conseguirlo necesita personas. Necesita familias. Necesita niños. Y donde hay niños debe haber escuelas. Ése es el compromiso del Partido Castellano-Tierra Comunera. No aceptaremos que se siga cerrando el futuro aula a aula. No aceptaremos que la despoblación continúe utilizándose como excusa para desmantelar los servicios públicos. No aceptaremos que nuestros pueblos sean tratados como territorios prescindibles. Frente a la resignación, proponemos esperanza. Frente al abandono, proponemos inversión. Frente al centralismo, proponemos equilibrio territorial. Frente al silencio institucional, proponemos una Castilla que vuelva a creer en sí misma. Porque cada escuela que permanece abierta es una victoria de toda la sociedad. Porque cada niño que puede estudiar en su pueblo es una semilla de futuro.
Y porque mientras siga sonando el timbre de una escuela rural, seguirá latiendo el corazón de Castilla.
– ¿Quieres estar al día de la realidad de Castilla? Suscríbete gratis a #EligeCastilla, el boletín de los que nos sentimos castellanos.
– También te invitamos a seguir el canal en WhatsApp del Partido Castellano–Tierra Comunera
