Burgos (Castilla), 21 de mayo de 2026. Ante las recientes declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la posibilidad jurídica de una hipotética incorporación del Condado de Treviño a Álava, así como la reiterada ofensiva política del PNV sobre este territorio castellano, el PARTIDO CASTELLANO – TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) quiere manifestar con absoluta claridad su firme defensa de la castellaneidad histórica, cultural, administrativa y política del Condado de Treviño.
Treviño forma parte de Burgos y de Castilla desde hace siglos. Su pertenencia a Castilla no es una cuestión coyuntural ni negociable, sino una realidad histórica consolidada que no puede quedar subordinada a estrategias expansionistas del nacionalismo vasco ni a intereses políticos ajenos a la voluntad general del conjunto de Castilla y León.
La formación comunera considera profundamente irresponsable que, una vez más, el PNV trate de reabrir artificialmente un debate territorial cerrado, utilizando para ello iniciativas parlamentarias y presiones institucionales encaminadas a desgajar territorio castellano. Estas maniobras solo contribuyen a generar confrontación y tensión entre territorios históricamente vecinos y vinculados.
Las declaraciones del ministro Torres evidencian, además, que cualquier modificación territorial exigiría necesariamente el consentimiento de Castilla y León y de las instituciones afectadas, tal y como establece el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Resulta por ello inaceptable cualquier intento de presentar la anexión de Treviño a Álava como un proceso inevitable o políticamente asumido.
Desde el PARTIDO CASTELLANO – TIERRA COMUNERA defendemos que el Condado de Treviño debe seguir formando parte de Burgos y de Castilla y León, reforzando sus servicios públicos, sus infraestructuras y sus vínculos con el resto del territorio castellano, en lugar de alimentar debates identitarios promovidos desde fuera de Castilla.
Asimismo, el PCAS-TC reclama al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Burgos una posición firme y coordinada en defensa de la integridad territorial castellana, evitando ambigüedades y rechazando cualquier cesión ante las pretensiones anexionistas del nacionalismo vasco.
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