Castilla, 11 de marzo de 2026. Desde el PCAS-TC exigimos la transferencia a Castilla y León de las infraestructuras energéticas existentes en su territorio. Nuestro objetivo es constituir una Empresa Pública de Energía que actúe como motor de desarrollo económico y social, abarate el precio de la electricidad para la ciudadanía y las empresas y acabe con el expolio energético que padece nuestra comunidad.
Los castellanistas subrayamos que Burgos es actualmente líder en producción eólica de Castilla y León, con el mayor número de parques del país y una generación eléctrica que duplica el consumo de la propia provincia. Sin embargo, los beneficios derivados de esta producción energética recaen mayoritariamente en grandes compañías eléctricas con sede fuera del territorio, mientras que las comarcas rurales continúan perdiendo población y oportunidades de desarrollo.
Por eso consideramos imprescindible que las instituciones públicas intervengan para ordenar el modelo energético y garantizar que la riqueza generada por los recursos naturales de Castilla y León repercuta directamente en su población. Recordamos, además, que Castilla y León es el mayor territorio exportador de electricidad del Estado, produciendo entre el 10% y el 30% de la energía eléctrica generada en España (según las fuentes), mientras que su consumo apenas alcanza en torno al 5%.
Reversión de concesiones hidroeléctricas
En este contexto, reclamamos también que todos los aprovechamientos hidroeléctricos cuya concesión expire en la próxima década reviertan al sector público.
La cuenca del Duero constituye el sistema hidroeléctrico más potente del país, con 162 aprovechamientos hidroeléctricos en explotación, una potencia instalada de 3.868 MW y una producción anual cercana a 7.228 GWh, lo que supone aproximadamente el 25% de la producción hidroeléctrica estatal.
Alrededor de una treintena de estas concesiones, muchas de ellas actualmente en manos de Iberdrola, vencen en los próximos años, lo que permitiría su integración en una empresa pública.
Desarrollo de energías renovables públicas
Además de la reversión de estas infraestructuras, la Empresa Pública de Energía que proponemos incorporaría nuevos activos basados en energías renovables —hidroeléctrica reversible, solar fotovoltaica, eólica y termosolar— con el objetivo de que al menos el 50% de las nuevas instalaciones energéticas de Castilla y León pertenezcan al sector público.
Según defendemos desde el PCAS-TC, esta medida permitiría frenar el incremento del precio de la electricidad y ordenar la proliferación de grandes megaproyectos energéticos que, en muchos casos, se implantan en el medio rural guiados exclusivamente por criterios especulativos.
Castilla y León generó en 2024 más de 27.000 GWh de electricidad, de los cuales apenas el 40% se consumió dentro de la propia comunidad. Además, cabe destacar que más del 93% de la energía producida tiene carácter renovable.
Defendemos que esta propuesta constituye una oportunidad histórica para redefinir el modelo energético de Castilla y León, haciéndolo más social, más ecológico y más útil para el desarrollo económico del territorio. El control público de parte de la producción energética permitiría impulsar políticas de repoblación rural, favorecer la implantación de empresas y garantizar una transición energética justa.
Según nuestras estimaciones, el valor de la electricidad producida en la comunidad y transferida a otros territorios ha supuesto más de 15.000 millones de euros anuales durante las últimas cinco décadas, recursos que han contribuido al desarrollo industrial y urbano de regiones como País Vasco o Cataluña.
Impulso de comunidades energéticas
Desde el PCAS-TC denunciamos también la sorprendente lentitud en la creación de comunidades energéticas sociales. En el medio rural apenas están operativas unas pocas decenas de las más de 300 iniciativas proyectadas, debido a la pasividad de las administraciones públicas y a la presión de las grandes empresas eléctricas privadas, que buscan monopolizar la producción y distribución de energía.
Preocupación por el despliegue masivo de macroplantas de biogás
Expresamos igualmente nuestra preocupación por la aceleración masiva de proyectos de macroplantas de biogás y biometano en Castilla y León, donde ya existen más de 110 expedientes registrados y solicitudes en diferentes fases administrativas.
Este aluvión de proyectos, en muchos casos ajenos al territorio y que implican el traslado de enormes cantidades de residuos procedentes de otras comunidades autónomas, nos lleva a reclamar que se suspenda la tramitación de nuevos expedientes y se paralicen los existentes hasta que se apruebe un Plan Regional de Biometanización.
Este plan debería ordenar el sector, evitar impactos ambientales en zonas rurales y garantizar que estas instalaciones solo se implanten con el consentimiento de las poblaciones locales y bajo una gestión conjunta, ambiental y social, tanto de las plantas como de su rendimiento eléctrico y económico.
Modelos cooperativos y soberanía energética
Desde el Partido Castellano – Tierra Comunera apostamos por modelos cooperativos y sociales de producción y distribución energética, tanto en entornos rurales como en los barrios de las ciudades. Este modelo permitiría reducir la factura energética de las familias y de las pequeñas y medianas empresas, garantizar la soberanía energética mediante producción local y compartida y contribuir a fijar población en el medio rural, consolidando actividad económica y empleo cualificado en los pueblos.
Finalmente, señalamos que las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo constituyen una oportunidad para que la ciudadanía respalde un modelo energético que priorice los intereses de Castilla y León y garantice que la riqueza generada por sus recursos naturales permanezca en el territorio y contribuya al bienestar de su población.
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