Burgos (Castilla), 11 de noviembre de 2025. El Partido Castellano–Tierra Comunera (PCAS–TC) considera que la nueva Ley de Publicidad Institucional aprobada por las Cortes de Castilla y León en junio nace del desconocimiento y de la falta de interés de los grupos políticos que la apoyaron —PSOE, Vox, Francisco Igea y Unidas Podemos— por comprender la realidad de los medios de comunicación de la comunidad.
La norma establece que la publicidad institucional que reciba un medio no podrá superar el 33% de su facturación anual. Para el PCAS–TC, esta medida —en apariencia bienintencionada— amenaza, sin embargo, con destruir la pluralidad informativa y poner fin a la información de proximidad, esencial para la ciudadanía castellana, especialmente en el medio rural.
El partido recuerda que la publicidad institucional honesta y bien gestionada contribuye a mantener la independencia de muchos medios locales y comarcales, ya que permite que sobrevivan sin depender de grandes empresas o intereses privados. Muchos de estos medios —de pequeño tamaño, pero con una trayectoria independiente y cercana a la ciudadanía— se verán gravemente perjudicados por la nueva ley.
El PCAS–TC subraya que el verdadero problema de la propaganda partidista de la Junta no está en estos medios locales, sino en las elevadísimas cantidades que cada año destina a la pseudotelevisión autonómica, gestionada por los grupos privados Promecal y Edigrup, que reciben más de 23 millones de euros anuales de fondos públicos.
La formación castellanista advierte de que la aplicación de esta ley podría provocar el cierre de una treintena de medios o, en el mejor de los casos, numerosos despidos en los que consigan resistir. Esto supondría un golpe directo a la información de proximidad, a la pluralidad informativa y al empleo periodístico, agravando la pérdida de talento en la comunidad.
Asimismo, el PCAS–TC recuerda que la publicidad institucional de las distintas administraciones cumple una función pública esencial, ya que permite difundir información de interés general —como campañas de salud, educación o seguridad—. Limitarla injustificadamente perjudica a la ciudadanía, que perderá acceso a información útil sobre los servicios e iniciativas de la Administración.
En este sentido, veintiséis empresas editoras de medios de comunicación han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, solicitando la paralización de la ley. También el Colegio Profesional de Periodistas ha mostrado su rechazo a la norma, denunciando la falta de diálogo previo con los principales actores del sector, incluidos los propios periodistas y medios regionales. Además, el Consejo Consultivo ya advirtió en septiembre de varias incompatibilidades de la ley, entre ellas su posible contradicción con la Constitución.
El PCAS–TC recuerda que lleva años defendiendo la creación de un reglamento justo y transparente sobre la publicidad institucional, que asegure un reparto proporcional según la audiencia de los medios, sus horas de programación o difusión y el número de profesionales que los integran. Este reglamento debería fijar anualmente la inversión destinada a comunicación pública y garantizar una gestión justa, objetiva y responsable.
Finalmente, el Partido Castellano–Tierra Comunera insta a las Cortes de Castilla y León a derogar de forma inmediata esta ley antes de su disolución.
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