Burgos, Castilla. 16 de marzo de 2025. El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja presentada por el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) relativa a la incineradora de Cortes. Como resultado, la institución con sede en León pondrá en marcha las investigaciones oportunas ante los organismos administrativos competentes en la materia.
La Agrupación Provincial en Burgos del PCAS-TC interpuso a finales de febrero una denuncia ante el Procurador del Común en relación con la próxima construcción de una planta incineradora de residuos urbanos en la ciudad de Burgos. Esta iniciativa, promovida por el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, incumple, a juicio de la formación castellanista y de otras organizaciones, la legislación española y europea en materia de gestión de residuos y economía circular.
Los castellanistas burgaleses alertan sobre la falta de transparencia y de información para los vecinos, así como sobre los posibles impactos negativos en la salud pública que podría conllevar la implantación de esta infraestructura industrial. Asimismo, critican la gestión municipal de los residuos urbanos, señalando que el consistorio no ha implementado estrategias adecuadas para la reducción, reutilización y reciclaje de desechos, contraviniendo los principios del Pacto Verde Europeo.
La ubicación de la incineradora también es motivo de preocupación, ya que no respeta la distancia mínima de seguridad ambiental de 2.000 metros exigida para instalaciones potencialmente peligrosas, lo que afectará directamente a la zona sur de Burgos, el barrio de Cortes, las localidades de Cardeñadijo y Cardeñajimeno, así como al polígono industrial del Monte de la Abadesa.
Para el PCAS-TC, la incineración no es una solución viable ni sostenible, ya que implica un alto coste económico (más de 50 millones de euros), afecta negativamente al medioambiente al no fomentar la economía circular y supone un riesgo para la salud debido a la emisión de sustancias tóxicas como el monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, metales pesados (mercurio y cadmio) y compuestos peligrosos como dioxinas y furanos.
Según denuncia el Partido, cada año se generan en la ciudad de Burgos unas 75.000 toneladas de residuos urbanos, de las cuales cerca de 50.000 terminan en el vertedero de Abajas, lo que supone un incumplimiento de la normativa española y europea y conlleva sanciones económicas. Además, la planta de biogás se encuentra paralizada a pesar de la inversión millonaria realizada, y el «compost» producido en el ecoparque de Cortes no cumple los requisitos de calidad necesarios para su aprovechamiento.
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