La coalición electoral PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC), que concurre a las elecciones autonómicas del 13 de febrero en las 9 provincias de Castilla y León, ha reclamado a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, la presentación pública con anterioridad a las votaciones, de un informe fiscalizado por auditor independiente que justifique con detalle los gastos realizados por los grupos políticos con las subvenciones que les proporciona el Parlamento de Castilla y León para su funcionamiento ordinario. Esta urgente solicitud se basa en la ocultación de documentación contable por parte de todos los grupos políticos, que puede encubrir hasta el 60% de los fondos percibidos, que pueden haber sido dedicados a financiar irregularmente a sus partidos políticos o a incrementar ilegalmente las retribuciones de algunos procuradores.
El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición electoral PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC), Domingo Hernández Araico, expresa su profunda preocupación porque “no existe ningún tipo de fiscalización ni por parte de las Cortes de Castilla y León, ni por parte del Tribunal de Cuentas del Castilla y León, que explique el destino de casi 4 millones de euros al año, que todos los partidos políticos presentes en el parlamento regional se reparten, de mutuo acuerdo, sin ningún tipo de control y, destinándolos a fines ajenos a los que establece el Reglamento de las Cortes de Castilla y León en su artículo 24”. Es por ello que esta candidatura castellanista reclama que por vía de urgencia, los grupos parlamentarios hagan públicas sus cuentas, detallando los gastos de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, y vinculándolos a facturas por contrataciones de personal, la adquisición de bienes o la prestación de servicios”. En caso contrario, los servicios jurídicos de esta formación comunera estudiarán la presentación de una denuncia por cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación contra las personas responsables de presentar esta contabilidad de los diferentes grupos parlamentarios.
El candidato castellanista, Domingo Hernández Araico, considera sorprendente que el Tribunal de Cuentas de Castilla y León, no haya considerado nunca la necesidad de fiscalizar las cuentas de los grupos parlamentarios de Castilla y León, que en los años que llevamos del siglo XXI han gastado con impunidad y oscuridad más de 80 millones de euros, mientras que en otras comunidades autónomas se realizan informes detallados sobre el destino de cada euro que reciben sus grupos parlamentarios regionales”. Tampoco las propias Cortes de Castilla y León han ejercido eficientemente su labor fiscalizadora y su obligación de comunicarla a la sociedad, ya que satisfacen las exigencias de transparencia que reclama la ciudadanía con la publicación de vergonzosos informes que presentan los partidos, donde no figura ninguna información contable básica, que pueda orientar sobre el destino de tan ingentes cantidades de dinero público.
Algunos datos resultan extremadamente significativos a juicio de la coalición electoral PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC); así, en 2020 (no se han publicado datos de 2021) Ciudadanos justificó más del 52% de los 573.240 euros que recibió con el epígrafe de “otros resultados”; también el PP “justificó” más de 230.000 euros simplemente como “otros gastos”. Escandalosa es la situación de las formaciones del Grupo Mixto: Podemos (114.400 euros), UPL (57.000 euros), Vox (57.000 euros) y Por Ávila (57.000 euros), que “justifican” todo el destino del 100% de sus ingresos a “otros gastos”; finalmente, el Grupo Socialista dedicó 790.000 euros directamente a financiar a su partido, así como más de 300.000 euros a dietas y retribuciones complementarias a procuradores, que ya las reciben por otras vías de las Cortes.
Domingo Hernández Araico, concluye que los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, parecen dedicar los 4 millones de euros que reciben para su funcionamiento ordinario, sobre todo, para financiar irregularmente a sus partidos, para retribuir de forma extraordinaria a sus procuradores, o a destinos mucho más opacos, ya que no se justifican de forma alguna, algo totalmente ajeno al sostenimiento de la actividad legislativa. Especialmente preocupante consideran desde esta candidatura castellanista que no figuran en la información existente, relación de las tarjetas de crédito a disposición de los procuradores y sus grupos, así como de sus gastos, ni si los titulares de las cuentas donde se ingresan los fondos pertenecen a los grupos parlamentarios o a los partidos, así como si las personas titulares son procuradores o no.
Desde la coalición electoral PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC), además del requerimiento realizado a los grupos parlamentarios de Castilla y León, exigen una fiscalización inmediata de las contabilidades de estos grupos políticos de los últimos cinco años, por parte del Tribunal de Cuentas de Castilla y León, con emisión de un Informe público, así como el establecimiento por parte del Parlamento Regional de un Reglamento claro y transparente que explicite los destinos razonables para las subvenciones para el funcionamiento de los Grupos Parlamentarios.
