Sebastián de la Serna de Pedro. Portavoz del PCAL en el Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) escribe para el Correo de Burgos sobre las deudas de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
«El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado.» Marco Tulio Cicerón, año 55 a.C.
La deuda de las autonomías ha crecido casi un 26% en 2009 y es de unos 125.000 millones de euros, lo que demuestra que, aunque tengan muchas competencias, los administradores son unos manirrotos; con la caída de ingresos por la crisis, no se como vamos a salir de esta, pues no se ve ningún síntoma de que piensen en apretarse el cinturón.
La Ley del Suelo de 2007 preveía la declaración pública de bienes de alcaldes y concejales y no se ha puesto en vigor. Debiera ser imprescindible, para acceder a los beneficios penitenciarios y a la restitución de lo robado.
En mayo de 2008 leíamos: “La situación de muchos Ayuntamientos se ha visto agravada por la penuria a la que los Presupuestos del Estado la han condenado durante años. Detrás de cada pelotazo urbanístico siempre ha habido un Ayuntamiento; pero un Ayuntamiento al que el Estado no prestaba la adecuada atención presupuestaria. Si esto es lo que se proponen arreglar los socialistas al comprometerse con la reforma de la Administración, será una buena noticia.”
Pero la realidad es que no han arreglado nada; todo sigue igual, a pesar de las manifestaciones de Zapatero prometiendo la inmediata financiación de las haciendas locales que ahora, en palabras de su ministro “Pepiño” se retrasará como mínimo hasta 2011.
Retrasar esta necesidad es ignorar a los ciudadanos, ya que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a ellos y donde acuden a señalar sus problemas y reclamar soluciones. ¡Qué falta de sensibilidad!
Los Ayuntamientos cada día prestan más servicios, que en demasiadas ocasiones les llegan sin la dotación económica necesaria, y que se valoran en más del 25% del gasto público de los ayuntamientos, lo que supone la rotura de todas las formas posibles de cuadrar los presupuestos, en estos tiempos de crisis, en los que sobre todo, han caído los ingresos provenientes del “ladrillo”. Y los ayuntamientos “legales” están supeditados por la Ley de Estabilidad Financiera para poder aumentar su endeudamiento.
No podemos quedarnos quietos esperando a que en 2011 se dignen estudiar el asunto; debemos unirnos y reivindicar ya la financiación adecuada y regulada. Porque algunos ayuntamientos no podrán llegar a aquellas fechas con menos ingresos propios, recortes en las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado y mayor prestación de servicios a los ciudadanos.
Se debe aprobar ya el Estatuto del Gobierno Local para que queden claras las competencias de cada Ayuntamiento y adecuando los servicios a los ciudadanos a sus necesidades. Es necesario asimismo modificar el IVA cuando los entes locales sean consumidores finales y no puedan deducirse.
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