El PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL) en Miranda de Ebro quiere mostrar su rechazo a la decisión del equipo de gobierno (PSOE e IU) en el consistorio mirandés ante las sentencias judiciales. La sentencia firme de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León deja claro que no cabe otra posibilidad que la del cierre inmediato del crematorio. Tanto el Ayuntamiento de Miranda de Ebro como la empresa funeraria ya han podido presentar todas sus razones para justificar la actual ubicación del horno, los jueces la han estudiado y han dictaminado que es ilegal.
Actuaciones como esta del Ayuntamiento de Miranda hace que los ciudadanos dejen de creer en la clase política dirigente. El intentar aprobar el cambio a suelo urbano consolidado de la parcela rústica en la que hoy se ubica el crematorio, como un primer paso para su hipotética reapertura, es a juicio del PCAL “una burla al ciudadano y a la justicia”.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es clara, acredita la existencia de emisiones a la atmósfera como consecuencia de la actividad, y también resalta que no existe control alguno de que el proyecto cumpla las determinaciones del planeamiento urbanístico, repasando el expediente se comprueba que desde ese punto de vista no ha sido controlado, lo que conlleva su nulidad.
Para el PCAL “la ley debe de ser igual para todos y también para los que dirigen el Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Han perdido y sólo les queda acatar la sentencia, y aunque les duela deben dar la razón a los vecinos que tanto han luchado por defender sus derechos”.
Las diferentes actuaciones judiciales dejan a las claras las oscuras maniobras realizadas por el Equipo de Gobierno del alcalde Fernando Campo. Por un lado dar de paso una instalación contaminante junto a viviendas en vez de buscar alguna ubicación alternativa y salubre para los ciudadanos, y por otro, intentar legalizar a posteriori la construcción del crematorio en suelo no urbano consolidado.
El PCAL exige el inmediato cierre del crematorio privado en cuestión y recomienda al Ayuntamiento de Miranda que en vez de perder el tiempo, como hasta ahora ha hecho, determine el emplazamiento del necesario crematorio en el cementerio de Bardauri y asuma su responsabilidad pública.
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