La convocatoria de la Huelga General del próximo miércoles 11 de noviembre de 2026 marca un hito histórico en nuestro país. Por primera vez en la historia democrática reciente, la mecha de un paro general de 24 horas no solo se enciende por demandas estrictamente laborales, sino por una emergencia social asfixiante: la crisis de la vivienda y el encarecimiento de la vida. Desde el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), como herederos del espíritu comunero que siempre defendió los intereses de la ciudadanía frente a los abusos del poder y la especulación, queremos fijar nuestra posición de manera clara, pedagógica y firme mediante este artículo de opinión.
1. Las razones del conflicto: Datos de una realidad insostenible
La huelga del 11N no surge de la nada. Se ha fraguado tras semanas de intensas movilizaciones sociales impulsadas principalmente por los Sindicatos de Inquilinas y respaldadas de forma transversal por importantes formaciones sindicales del conjunto del país. El detonante social —el trágico desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años— es la punta del iceberg de un modelo inmobiliario y laboral que expulsa a las familias de sus barrios y que impide que el derecho a habitar en una vivienda digna se cumpla.
Para entender por qué es necesario parar el 11 de noviembre, analicemos tres realidades clave:
- La vivienda como bien de especulación, no de uso: En regiones históricas castellanas como la Comunidad de Madrid, el precio del alquiler bate récords históricos mensualmente, convirtiendo el acceso a un hogar en una quimera insostenible. En capitales castellanas como Segovia, Valladolid, Burgos, Salamanca, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara o Albacete la presión inmobiliaria empieza a expulsar a los jóvenes y mayores de sus entornos locales, con incrementos anuales, en los precios de compra o alquiler superiores al 10% y con una oferta habitacional cada vez más reducida, incluidas las localidades rurales.
- Pérdida crónica del poder adquisitivo: Mientras la cesta de la compra, los transportes y los suministros energéticos se encarecen notablemente, los salarios de la mayor parte de las trabajadoras y trabajadores de Castilla permanecen estancados. Los márgenes empresariales y los beneficios de los grandes arrendadores han crecido a costa del empobrecimiento generalizado de las familias.
- El desmantelamiento de los servicios públicos: El malestar laboral es especialmente crítico en sectores esenciales, como los servicios sociales, la sanidad y la formación. En la educación pública de territorios como Madrid, los docentes exigen reducir la extenuante carga lectiva (de 19 a 17 horas en Secundaria y de 25 a 22 en Primaria) y una actualización salarial para paliar la pérdida de poder adquisitivo crónico.
2. Nuestra posición como Castellanistas: ¿Por qué apoyamos la movilización?
El PCAS-TC defiende un modelo socioeconómico basado en la equidad social, el desarrollo sostenible y la justicia distributiva. No podemos permanecer de perfil ante una movilización ciudadana de tal magnitud. La desesperación, el enfado, la irritación y la indignación que se extiende por toda la sociedad castellana y del conjunto del estado, busca mecanismos de evidenciar la cólera y la furia, contra un sistema político y unas estructuras económicas que son incapaces de fortalecer las comunidades sociales y de ofrecer horizontes de esperanza y un futuro digno a todos los estratos sociales. Los castellanistas apoyamos la movilización social del 11 de noviembre, como una forma de impulsar un estallido social, que evidencie a las élites políticas y económicas, que la gente no se resigna y que exigimos que la democracia sea real, que los derechos sociales sean algo real y cotidiano y que los responsables del saqueo económico y del desmantelamiento de los servicios públicos van a tener que rendir cuentas ante la sociedad. Apoyamos las demandas de la huelga general por tres argumentos estructurales:
A. La despoblación y el éxodo juvenil son problemas de vivienda y empleo
Tradicionalmente se asocia la despoblación al medio rural, pero el drama actual afecta a toda Castilla. Al no poder costearse una vivienda en los grandes núcleos urbanos y carecer de empleos dignos en las comarcas rurales, miles de jóvenes castellanos se ven obligados a emigrar fuera de su tierra. Blindar el derecho a la vivienda es el primer paso para fijar población en nuestros municipios.
B. El desvío de recursos públicos hacia intereses privados
Denunciamos activamente la pasividad y la inoperancia del Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha a la hora de proveer viviendas sociales y de protección pública. En España hay 27 millones de viviendas, de las cuales casi 4 millones son viviendas vacías; solo hay 318.000 viviendas de alquiler social público, y cada año se construyen menos viviendas de protección pública o social: en 2008, 100.000 viviendas; en 2025, 12.000. El modelo de gestión del PP y del PSOE favorece los privilegios fiscales de las rentas más altas y consienten la especulación inmobiliaria en detrimento de parques de vivienda pública estables. Exigimos que se deje de derivar dinero de los contribuyentes a fines ajenos al bienestar social y se invierta directamente en educación, sanidad, servicios sociales e infraestructuras públicas.
C. La dignificación de las condiciones de trabajo
Apoyamos plenamente las reivindicaciones laborales que exigen subir salarios de forma lineal, reducir la jornada laboral real y erradicar la precariedad contractual que impera en la hostelería, el sector servicios y el sector agrario castellano. No hay futuro para nuestra tierra si trabajar ya no garantiza salir de la pobreza.
3. Nuestras propuestas para solucionar la crisis
Creemos que la protesta debe ir acompañada de propuestas viables a corto y largo plazo. Desde el Partido Castellano-Tierra Comunera planteamos:
- Parque público de vivienda: Crear un verdadero censo de viviendas públicas en régimen de alquiler social, utilizando los activos en manos de entidades bancarias y fondos de inversión.
- Topes reales a los precios del alquiler: Aplicar de forma estricta las zonas tensionadas para impedir subidas abusivas por parte de grandes tenedores.
- Inversión social prioritaria: Elevar la inversión en sanidad y educación públicas (alcanzando el 7% del PIB en los presupuestos autonómicos) para garantizar una atención de calidad y ratios de profesorado y personal sanitario dignas.
- Descentralización económica: Fomentar el cooperativismo, el comunitarismo y las energías renovables de gestión local en el medio rural para revitalizar la economía de nuestros pueblos de forma sostenible.
Conclusión: Por el futuro de Castilla
La huelga del 11 de noviembre no es solo un paro laboral; es un grito de atención colectiva. Los castellanos y castellanas del siglo XXI nos enfrentamos al reto de decidir si queremos un territorio entregado a los fondos buitre y al turismo masificado, o una tierra de ciudadanos libres con servicios públicos garantizados y salarios dignos. Los políticos que lo están permitiendo o lo están impulsando, son traidores frente a la sociedad que les ha votado; solo políticas castellanistas y representantes comuneros en las instituciones son la garantía de que Castilla tenga un futuro digno y participativo para sus jóvenes y de que mayores y ciudadanos puedan recibir los servicios sociales que merecen.
Fieles a nuestra historia, desde el Partido Castellano-Tierra Comunera hacemos un llamamiento a la movilización responsable, pacífica y masiva el próximo 11 de noviembre. Esto solo es el comienzo; nos movilizamos, nos coordinamos y construimos una Castilla social, democrática, justa, libre, ambiental y feminista. La lucha por una vida digna en nuestra tierra es la lucha de todos.
