El PARTIDO CASTELLANO – TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) denuncia públicamente el abandono institucional y la manipulación administrativa a la que la Diputación Provincial de Burgos está sometiendo a la histórica pedanía de Valpuesta. La formación castellanista advierte de que el intento exprés de suprimir esta Entidad Local Menor (ELM) y convertirla en barrio busca encubrir años de dejación de funciones, el incumplimiento de sentencias judiciales y graves ilegalidades en la gestión de servicios públicos.
Ante la reciente campaña informativa institucional destinada a justificar la disolución de la entidad, el PCAS-TC destapa la profunda anomalía jurídica que esconde esta maniobra. Lejos de una evolución administrativa natural, la reactivación repentina de este expediente responde a una maniobra de distracción frente a los múltiples requerimientos formales presentados en las últimas semanas para exigir el cumplimiento de la legalidad.
Invasión de competencias y vacío de poder
Desde mayo de 2023, tras las últimas elecciones municipales y al no haberse presentado candidaturas, la ELM de Valpuesta carece de órganos de gobierno propios. La Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León establece de forma imperativa que corresponde a la Diputación Provincial de Burgos asumir de manera inmediata la gestión provisional y la tutela de la entidad, nombrando a la Comisión Gestora correspondiente.
Sin embargo, la Diputación de Burgos, bajo la presidencia de Borja Suárez, ha incurrido en una prolongada y deliberada inacción de estas obligaciones, permitiendo un vacío de poder que se ha traducido en situaciones de extrema gravedad:
- Ilegalidad en la gestión del agua de consumo: Se mantiene una situación de gratuidad de facto de las tasas, vulnerando Directivas de la Unión Europea y la Ley de Haciendas Locales, mientras el Ayuntamiento de Berberana asume irregularmente con fondos públicos municipales los gastos ordinarios de cloración y mantenimiento de la red.
- Incumplimiento flagrante de sentencias judiciales: La Diputación se ha negado a ejecutar la Sentencia firme 36/2023 del TSJ de Castilla y León, que ordenaba el desalojo de la planta baja de la Casa del Concejo de Valpuesta, usurpada ilegalmente.
- Opacidad patrimonial y ambiental: Se ha paralizado la ejecución del proyecto del Centro de Interpretación de los Cartularios de Valpuesta (la «Casa Quemada») tras la pérdida de financiación europea.
Una cortina de humo inaceptable
Para los castellanistas resulta bochornoso que, en lugar de gestionar con transparencia y atenerse al Estado de Derecho, la Diputación intente resolver su propia desidia institucional suprimiendo la personalidad jurídica de la pedanía para borrar el rastro de la gestión anómala acumulada.
La formación comunera exige al presidente provincial, Borja Suárez, que asuma sus responsabilidades legales, deje de eludir sus compromisos mediante cortinas de humo mediáticas, rinda cuentas sobre la situación contable de Valpuesta y garantice de inmediato el respeto escrupuloso a la legalidad y a los derechos de los vecinos de la localidad.
El patrimonio histórico, documental y cultural de la cuna del castellano merece respeto institucional, no operaciones de ocultación política.
