Castilla, 12 de marzo de 2026. Desde el Partido Castellano – Tierra Comunera (PCAS-TC) hemos decidido denunciar judicialmente la falta total de transparencia en la documentación contable de los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León, ante la ausencia de un informe fiscalizado por un auditor independiente que justifique con detalle los gastos realizados con las subvenciones públicas destinadas a su funcionamiento ordinario.
Desde nuestra formación advertimos de que esta falta de control puede encubrir hasta el 60% de los fondos percibidos, que podrían haberse destinado a financiar irregularmente a partidos o a incrementar ilegalmente las retribuciones de algunos procuradores. Por este motivo, hemos decidido dar este paso y presentaremos una denuncia por cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa contra las personas responsables de la presentación de esta contabilidad en los diferentes grupos parlamentarios.
Nuestro candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Marcos, ha expresado su profunda preocupación porque «no existe ningún tipo de fiscalización, ni por parte de las Cortes ni por parte del Consejo de Cuentas, que explique el destino de casi cuatro millones de euros al año que todos los partidos políticos presentes en el parlamento regional se reparten de mutuo acuerdo, sin ningún tipo de control, destinándolos en muchos casos a fines ajenos a los que establece el Reglamento de las Cortes en su artículo 24».
Exigencia de transparencia inmediata
Desde el PCAS-TC reclamamos con carácter de urgencia que todos los grupos parlamentarios hagan públicas sus cuentas, detallando los gastos correspondientes a los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, y vinculándolos a las correspondientes facturas por contrataciones de personal, adquisición de bienes o prestación de servicios.
Recordamos que las aportaciones económicas anuales a los grupos políticos se estructuran como subvenciones públicas destinadas exclusivamente a gastos de funcionamiento y personal, por lo que estos deben quedar claramente reflejados en su contabilidad, con una especificación detallada de su destino.
Falta de control institucional
Nuestros servicios jurídicos consideran especialmente preocupante que el Consejo de Cuentas nunca haya considerado necesario fiscalizar las cuentas de los grupos parlamentarios, pese a que, en lo que llevamos de siglo XXI, estos han gestionado casi 100 millones de euros con una enorme opacidad.
Mientras tanto, en otras comunidades autónomas sí se elaboran informes detallados sobre el destino de cada euro que reciben los grupos parlamentarios regionales.
Tampoco las propias Cortes han ejercido de forma eficaz su labor de control ni han cumplido adecuadamente su obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía. La supuesta transparencia se limita a la publicación de informes extremadamente pobres en información contable, en los que no aparecen datos básicos que permitan conocer el destino real de estas importantes cantidades de dinero público.
Datos especialmente preocupantes
A nuestro juicio, algunos datos resultan especialmente significativos:
– En 2020, Ciudadanos justificó más del 52% de los 573.240 euros recibidos bajo el epígrafe genérico de «otros resultados».
– El Partido Popular justificó más de 230.000 euros simplemente como «otros gastos».
– En el Grupo Mixto, formaciones como Podemos (114.400 euros), UPL (57.000 euros), Vox (57.000 euros) y Por Ávila (57.000 euros) justificaron el 100% de sus ingresos bajo el concepto de «otros gastos», sin mayor detalle.
– El Grupo Socialista, por su parte, destinó 790.000 euros directamente a financiar su partido, además de más de 300.000 euros a dietas y retribuciones complementarias para procuradores, que ya perciben remuneraciones por otras vías de las Cortes.
Situación en el ejercicio de 2024
En 2024, último ejercicio fiscalizado, la situación continúa siendo muy preocupante. El Grupo del Partido Popular ha justificado 575.300 euros bajo el concepto de «otros gastos de la actividad ordinaria», con el único detalle de «servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente».
El Grupo Socialista también oculta una parte muy importante de sus gastos (911.606,7 euros) bajo el mismo epígrafe genérico de otros gastos de la actividad ordinaria.
Por su parte, el Grupo de Vox destinó de los 605.640 euros recibidos unos 443.000 euros a gastos de personal, sin especificar qué parte corresponde a contrataciones o a posibles retribuciones extraordinarias de procuradores. Además, resulta especialmente llamativa la transferencia directa de 55.000 euros al partido, lo que podría vulnerar la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
En cuanto al Grupo UPL–Soria Ya, consideramos que realiza una interpretación claramente irregular de la normativa de financiación, ya que ha destinado fondos asignados al funcionamiento del grupo parlamentario a pagar alquileres de sedes del partido en León, Ponferrada y Zamora (22.260 euros) y a financiar actividades estrictamente partidistas con dinero procedente del Parlamento.
Una práctica similar se observa en Soria Ya, que financia con fondos de las Cortes su sede en Soria (16.800 euros) y dedica cantidades cercanas a los 100.000 euros a conceptos opacos de asesoramiento, con costes claramente desproporcionados.
Finalmente, el Grupo Mixto distribuye de forma muy poco detallada sus 152.568 euros, asignando 46.462 euros a personal y 102.521 euros a «otros gastos de la actividad ordinaria», sin aportar información adicional que permita conocer el destino real de estos fondos.
Desde el Partido Castellano – Tierra Comunera consideramos que esta situación no puede continuar. La gestión de recursos públicos exige transparencia, control y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de dinero destinado al funcionamiento de las instituciones democráticas. Por ello, exigimos una investigación exhaustiva y una fiscalización real que garantice el uso correcto de los fondos públicos en las Cortes de Castilla y León.
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