Castilla, 10 de marzo de 2026. Desde el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) denunciamos la discriminación económica que sufre Castilla y León, proponemos un modelo de financiación más justo y equilibrado, al tiempo que denunciamos el impago de la deuda histórica que el Estado tiene con nuestra ciudadanía.
El programa electoral que defendemos los castellanistas en estos comicios se centra en el «rescate social y territorial», imprescindible para fortalecer Castilla y León, devolver el protagonismo a la ciudadanía, garantizar que la riqueza que genera esta comunidad revierta en sus pueblos y habitantes y ofrecer un futuro esperanzador para la juventud y el medio rural.
Como señala nuestro candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Marcos, «no podemos conformarnos con el abandono. Luchamos por una comunidad fuerte, con financiación justa, orgullosa de su identidad y capaz de liderar la construcción de una economía social endógena y autocentrada; una política con mayúsculas que frene el saqueo de nuestros recursos agropecuarios y energéticos, que retenga el talento de nuestros jóvenes y que acabe con la apatía y la inacción que han dado alas la despoblación».
Un modelo desigual que agrava las diferencias territoriales
Según nuestros datos, Castilla y León cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 15.000 millones de euros, lo que supone unos 6.000 euros por habitante procedentes de tributos propios, de las aportaciones del Estado y del endeudamiento. Estas cantidades resultan manifiestamente insuficientes para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en todo el territorio.
Conviene recordar que comunidades como País Vasco o Navarra, fruto de sus privilegios forales, cuentan con una financiación autonómica superior a 7.500 euros por habitante.
Consideramos especialmente anacrónico el régimen foral del que disfrutan ambas comunidades. Su sistema de concierto y convenio no solo implica que recaudan casi todos los impuestos en su territorio, sino que, en la negociación posterior con el Estado, la cantidad que deben abonar a la Administración central por los servicios que esta presta —el cupo— resulta muy inferior a lo ajustado, a pesar de —o precisamente por ello— tratarse de comunidades con una renta muy superior a la media española.
Asimismo, desde el PCAS-TC vemos muy preocupante la intención del Gobierno central de extender de facto este anacrónico e injusto régimen foral a Cataluña.
Medidas imprescindibles para un modelo de financiación más justo
Consideramos que un modelo de financiación justo para Castilla y León debe reformarse para ponderar adecuadamente sus características demográficas y geográficas, especialmente la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial.
Mayor peso de la población ajustada
Defendemos un sistema en el que la financiación no se base únicamente en la población residente total (población de derecho), sino en la población ajustada o en el coste efectivo de los servicios. Este criterio tiene en cuenta los factores que encarecen la prestación de servicios públicos en territorios con baja densidad de población, elevada dispersión y un alto porcentaje de personas mayores.
Reconocimiento de la dispersión territorial y el envejecimiento
Reclamamos que se valoren de forma específica variables como el envejecimiento y la gran dispersión de los núcleos de población. Estos factores implican mayores costes de transporte y organización para servicios como la atención sanitaria a domicilio, el transporte escolar o el mantenimiento de centros sanitarios y educativos en el medio rural.
Garantizar la suficiencia financiera
La reforma debe asegurar recursos suficientes para cubrir el coste real de las competencias transferidas, evitando que comunidades con características demográficas adversas sufran un déficit estructural en la prestación de servicios esenciales.
Mecanismos de solidaridad efectivos
Aunque el principio de solidaridad es fundamental, defendemos que los fondos de convergencia se distribuyan de forma más equitativa y transparente, garantizando que las comunidades que contribuyen a la “caja común” vean también atendidas sus necesidades específicas, especialmente las relacionadas con la cohesión territorial.
Reconocer, cuantificar y compensar la deuda histórica
El Estado debe reconocer y asumir la deuda contraída con nuestra tierra, consecuencia de décadas de extracción de recursos naturales, generación de energía y prestación de servicios ecosistémicos que han beneficiado al conjunto del Estado sin retorno para Castilla y León.
Exigimos la puesta en marcha de medidas compensatorias que corrijan este desequilibrio estructural: inversiones preferentes en desarrollo rural, infraestructuras, transición energética justa y recuperación del patrimonio natural y cultural de nuestros territorios.
Para nosotros, la deuda histórica de Castilla y León no se refiere a una cifra de deuda financiera acumulada, sino a un concepto político y económico que refleja un déficit estructural de financiación e inversión por parte del Estado durante décadas.
Esta situación se manifiesta especialmente en varios ámbitos:
- Reforma de la financiación autonómica: el modelo actual no refleja adecuadamente la dispersión geográfica ni el envejecimiento de la población. Defendemos que se valore más el coste efectivo de los servicios que el simple número de habitantes.
- Despoblación y reto demográfico: el Estado ha ignorado el coste de mantener escuelas, centros de salud, servicios sociales, infraestructuras o redes de digitalización en pueblos pequeños, generando una auténtica deuda en términos de equidad territorial.
- Proyectos pendientes: reclamamos la materialización de infraestructuras comprometidas como el despliegue de la alta velocidad, la conexión de autovías, la reapertura de líneas ferroviarias o la implantación de infraestructuras industriales que equiparen a Castilla y León con territorios como el eje mediterráneo o Madrid.
- Fiscalidad: denunciamos que determinados regímenes fiscales han beneficiado históricamente a otros territorios, como País Vasco o Navarra, situando a Castilla y León en una posición de desventaja para atraer inversiones.
En definitiva, la infrafinanciación de Castilla y León se debe en gran medida a un modelo que no compensa adecuadamente sus costes estructurales: la baja densidad de población, el envejecimiento demográfico y la gran extensión territorial, factores que elevan el gasto en servicios públicos por habitante.
Caducidad del modelo y necesidad urgente de reforma

El sistema de financiación de régimen común vigente desde 2009 caducó en 2014, incumpliendo la ley que prevé su revisión cada cinco años. Urge, por tanto, abrir un debate profundo y una negociación conjunta y transparente entre el Gobierno central y todas las comunidades autónomas para reformarlo y garantizar una financiación adecuada para todas ellas.
Para nosotros, la clave para Castilla y León pasa por un modelo que entienda y compense las desventajas inherentes a su estructura poblacional y geográfica, garantizando que sus ciudadanos —vivan donde vivan— reciban servicios públicos de calidad comparables a los del resto del Estado.
El inminente debate sobre el nuevo modelo de financiación nos genera una profunda preocupación, ya que tememos que, una vez más, las más perjudicadas sean las comunidades empobrecidas del interior peninsular, como Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura o Castilla y León.
Desde el PCAS-TC consideramos inadmisible cualquier modelo que profundice en la actual asimetría del Estado de las autonomías. Defendemos, por el contrario, un esquema federal, equitativo y solidario para el conjunto de España que garantice los mismos servicios públicos a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.
Además, nos preocupa la atonía e incapacidad de los principales actores políticos de la comunidad ante este debate crucial. PP, PSOE y Vox en Castilla y León se muestran sumisos a las direcciones estatales de sus partidos, dejando a nuestra comunidad sin una defensa firme de sus intereses y renunciando a liderar una posición autónoma y justa para Castilla y León.
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