Castilla nos une

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Exigimos la dimisión inmediata de Borja Suárez y la devolución de los fondos percibidos por sus empresas por parte del Ayuntamiento de Burgos

Burgos (Castilla), 3 de marzo de 2026. Desde el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) exigimos públicamente la dimisión inmediata de Borja Suárez de todos sus cargos públicos, tanto como concejal del Ayuntamiento de Burgos como presidente de la Diputación Provincial. Consideramos «éticamente insostenible y legalmente cuestionable» la permanencia en las instituciones de quien ha compatibilizado su cargo público con la propiedad de una empresa adjudicataria de contratos municipales.

Según las informaciones publicadas por elDiario.es, el Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado, entre 2023 y 2025, al menos doce contratos a la mercantil Eventos El Espino, S. L., de la cual Borja Suárez reconoce ostentar actualmente el 33% de las acciones. Estas adjudicaciones, destinadas mayoritariamente a servicios de catering para eventos como «Mujer e Industria» o «Burgos e Hidrógeno», contravendrían de forma flagrante la normativa vigente en materia de incompatibilidades y contratación pública.

2023 PP Borja Suarez WEB
Borja Suárez.

No solo solicitamos la salida de Suárez de la vida política, sino que reclamamos formalmente la devolución íntegra de las cantidades percibidas por su empresa a través de estas adjudicaciones. El dinero de los burgaleses no puede acabar en los bolsillos de los propios gestores públicos a través de sociedades interpuestas.

Además, entendemos que los contratos celebrados bajo esta circunstancia podrían ser declarados nulos de pleno derecho, lo que derivaría en responsabilidades administrativas y contables.

Calificamos de burla a la ciudadanía que Borja Suárez pretenda ampararse en su condición de concejal sin cartera para eludir su responsabilidad. Asimismo, denunciamos la alarmante falta de control en el seno del consistorio burgalés y en la sociedad pública Proburgos, cuyo director ha alegado desconocer la vinculación del presidente de la Diputación con la empresa adjudicataria, a pesar de figurar esta en el registro de actividades y bienes del propio Ayuntamiento.

Estamos ante un caso de manual de conflicto de intereses y falta de ética pública que ensucia las instituciones burgalesas. Instamos a la alcaldesa, Cristina Ayala, a actuar con contundencia y cesar a su compañero de filas si este no presenta su renuncia de forma voluntaria antes de que el escándalo siga deteriorando la imagen de la capital y la provincia.


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